México, Df.- Un grupo de mujeres pertenecientes de diversas organizaciones feministas del estado de Zacatecas, exigieron desde el Senado de la República al gobernador Alejandro Tello Cristerna, un informe detallado sobre las políticas públicas de carácter integral adoptadas en el cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En conferencia de prensa y a través de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura Federal, las organizaciones del Movimiento Feminista conformadas por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Observatorio de Justicia de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas; Colectivo “Aquelarre”, Cabildo Ciudadano, Colectivo para la Equidad y Defensa de los Derechos de las Mujeres “Techiyaliztli”, Fundación “Engracia” y Mujeres de Villa de Zacatecas, entre otras, exhortaron a las autoridades de procuración e impartición de justicia federal y estatal, dar celeridad a las investigaciones y procesos relacionados con situaciones de violencia relacionados con las mujeres, así como conducirse con estricto apego de la ley en la resolución de los asuntos a su cargo y a combatir por todos los medios legales la impunidad de este tipo de vínculos.

Mediante un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión el pasado Siete de junio, se solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobierno del Estado de Zacatecas que informen de las acciones puntuales para dar seguimiento a dicho punto de acuerdo.

Ochoa Ávalos exigió una política que cuente con indicadores y cronograma para su evaluación y seguimiento y, al mismo tiempo, se exhorta a la Segob a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a fortalecer el procedimiento y alerta de género, el cual no cuenta con el personal suficiente que garantice su evaluación y profesionalismo a tan delicada labor.

La Comisión Permanente muestra su solidaridad con las Mujeres bajo una diligente aplicación del orden jurídico nacional para una vida libre de violencia, y expresa su enérgica condena a todo aquello que atente contra la vida física y psicológica de las mujeres, por lo que exhortó a los tres órdenes de gobierno para continuar con la implementación de las acciones necesarias a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

DEMANDA SOBREPASA A LAS INSTITUCIONES DE ZACATECAS, POR CORRUPCIÓN Y ENCUBRIMIENTO: MARA MUÑOZ

En su oportunidad, Mara Muñoz Galván, ex directora del Centro de Justicia Para las Mujeres en Zacatecas, afirmó que el Estado mexicano no cuenta con una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los múltiples tratados que el país ha firmado y de las disposiciones constitucionales y legales que lo obligan para que así sea.

Sostuvo que el Estado mexicano no ha implementado acciones aisladas y hasta ahora han sido sólo paliativos ante la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en México.

Afirmó que las instituciones se han visto rebasadas por la gran demanda que existe en todas las entidades de la república, no solamente en el estado de Zacatecas.

Por eso, dijo, urge fortalecer esta política pública para que no sea sólo simulación y foto lo que lleve a instalar estas instancias, que a final de cuentas resultarían tan importantes en un contexto que donde la atención oportuna de la violencia contra las mujeres puede prevenir feminicidios como un problema generalizado en nuestro país.

Mara Muñoz puntualizó que en el caso del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas se tardaron tres años en diseñar la política pública, en confeccionarla y conseguir los recursos para su construcción y, apenas teniendo seis meses de iniciadas las labores “nos encontramos con una gran demanda de dos mil atenciones de mujeres y niñas de tan sólo seis meses y más de 600 denuncias presentadas por delitos en materia de género”.

“Esto ha provocado que exista una inmovilidad por parte de los ministerios públicos debido a la saturación de trabajo y por lo tanto impunidad en los casos de violencia contra las mujeres”, complementó.

La ex titular del Centro de Justicia para las Mujeres refirió que por esas razones decidió renunciar, porque no había una respuesta pronta y tangible a las demandas de fortalecer el mecanismo y no sólo eso, sino que nos encontramos con una grave violación de los Derechos Humanos, específicamente en el caso de una mujer que presuntamente fue violada por un alto mando de la policía ministerial; hubo encubrimiento e intervención del subprocurador de investigaciones que en ese momento era director de investigaciones y que fue ascendido en el cargo, lejos de ser investigado y cesado de sus funciones.

Mencionó que en Zacatecas, hoy se tienen 36 carpetas de investigación de feminicidios, pero no se trata de números, sino de la gravedad de los acontecimientos, siendo que esas cifras son solo las conocidas por el gobierno del estado, porque todas las semanas matan y desaparecen mujeres en Zacatecas.