Zacatecas, Zac.- La actual emergencia sanitaria orilló a los ayuntamientos y organismos autónomos, entre otros entes públicos, a aplicar medidas de reducción de personal en sus oficinas para evitar los contagios. La indicación que en estos casos recibieron los trabajadores, quienes además tienen garantizado su sueldo, fue la de quedarse en casa y trabajar de manera virtual.

No obstante, el diputado Pedro Martínez Flores señaló que ha recibido quejas de los alcaldes en las que se advierte que empleados municipales que deberían estar en aislamiento, incumplen esta disposición y con ello ponen en riesgo al resto de la plantilla laboral de estas instituciones.

Debido a esta situación, las y los legisladores de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortaron a los presidentes municipales y a los titulares de los organismos autónomos para que apliquen lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley del Servicio Civil del estado e inicien la rescisión de la relación laboral con las personas que incurren en esa práctica.

El legislador Martínez Flores, quien propuso la iniciativa que fue aprobada tras considerarse de urgente resolución, sostuvo que en el caso de los ayuntamientos se han hecho esfuerzos, disminuyendo la inversión, la prestación de servicios y la operación en general, para poder garantizar el pago de los salarios.

Pese a que los trabajadores municipales tienen asegurado el pago cada quincena, bajo la única condición de cumplir con el aislamiento dictado desde los gobiernos municipales, refirió que éstos “no lo hacen y destinan ese tiempo ‘que corresponde en estricto sentido a la entidad pública a la que prestan sus servicios’, a realizar otras actividades, potenciando el riesgo de contagio, además de que obtienen incluso ingresos económicos adicionales, lo que no es ni ética ni profesionalmente correcto”.

El llamado, por tanto, es a hacer valer la Ley del Servicio Civil en la que se estipula que se podrá despedir a un trabajador, sin incurrir en una responsabilidad para el patrón, en los casos en los que “por su imprudencia o descuido inexcusables, comprometa la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren; que se niegue a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades”.

   Llaman a mantener el programa 3×1 para 2021

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que presentó a principios de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se contempla la desaparición del programa 3×1 y este hecho preocupa por la importancia que a lo largo de más de dos décadas han tenido los recursos invertidos en esta estrategia en el territorio estatal, aseguró el diputado José María González Nava.

El legislador resaltó la urgencia de que se recupere el presupuesto que se destina a proyectos realizados en conjunto con la comunidad migrante y por ello presentó un punto de acuerdo que fue avalado por unanimidad en el Pleno.

Mediante esta aprobación, las y los diputados de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a se realicen las acciones necesarias, a través de la SHCP, con el objetivo de otorgar los recursos suficientes para garantizar la operación del programa 3×1.

Esto es indispensable, de acuerdo al llamado, para mitigar los efectos de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19 ya que con estos recursos se fomentará la inversión en la economía nacional, estatal, regional y municipal.

Para mostrar el impacto que ha tenido esta estrategia en más de 20 años en el estado, José María González Nava señaló que desde su creación y hasta el año 2018 se han invertido con el programa 3×1 alrededor de  3 mil 500 millones de pesos en 5 mil 529 obras y acciones que han beneficiado a la población de la entidad.

Del total, 774.7 millones de pesos se han destinado al ámbito educativo, otros 656.4 millones de pesos se han dirigido a la asistencia social y los servicios comunitarios, 71.4 millones de pesos han servido para potenciar el deporte nacional, 61 millones de pesos fueron para el apoyo de la economía familiar y también se invirtieron recursos en infraestructura social básica como agua potable, drenaje y electrificación.