La Ley General de Delitos Electorales, no cuenta con medidas claras para desalentar la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales en México, señaló el maestro José Luis Vargas Valdéz, Abogado especialista y ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al hablar sobre los Delitos Electorales, en el marco del Ciclo de Conferencias “La Transición al Sistema Nacional Electoral” que organiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
En este espacio, el maestro Vargas Valdéz dijo ante un amplio grupo académico, que la Ley General de Delitos Electorales una legislación de carácter general, es abstracta y no admite excepciones en los delitos tipificados.
Esta legislación es imprecisa, y ambigua en sus ámbitos de aplicación que, por una parte derogan todo lo que se oponga a la Ley General de Delitos Electorales, pero por otro, permite una aplicación “en lo conducente” de las legislaciones locales adjetivas y sustantivas en materia de delitos electorales.
Explicó el especialista que esta Ley, en su Artículo 1 señala que la Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
Sin embargo, en el Artículo 2 precisa que para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente Ley serán aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia penal que expida el Congreso de la Unión.
Vargas Valdéz señaló algunos aspectos positivos de la Ley General de Delitos Electorales, como es la ampliación de los tipos penales, la legislación anterior era sumamente acotada; la ampliación gradual de las penas. Se eleva de 9 a 15 años la máxima sanción de pena privativa de la libertad.
Agregó, que se establece como sujeto punible a quien aporte recursos (dinero o especie) fuera del marco de la ley, sin importar el monto; se amplía el tipo penal en lo que se refiere a servidores públicos, incluyendo a subordinados y a quien se beneficie.
Además, se establece como delito la falsificación, alteración o venta de cualquier archivo o dato del Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o el Listado del Electores (Art. 13 F I y III), y se crea una nueva figura delictiva prevista para los casos conocidos como “Turismo electoral” o delito de trashumancia.
Sin embargo, existen Riesgos no contemplados en la Ley General de Delitos Electorales, como lo es la carencia de ingeniería legislativa para diseñar un nuevo sistema penal electoral. Los veinte artículos de los tipos penales son una copia con algunas modificaciones de los ya existentes en el Código Penal Federal.
Así como la omisión del legislador en revisar cuales son los fenómenos delictivos a los que la Procuración de Justicia debe dar seguimiento.
Tampoco contempla medidas efectivas para desincentivar la infiltración de la delincuencia organizada en las campañas electorales. No se le da a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) facultades de investigar recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, dijo el especialista que la Ley General de Delitos Electorales carece de medidas que frenen a los grupos de interés o poderes de facto que violentan la equidad en las contiendas electorales, como el caso de los medios de comunicación.
