Zacatecas, Zac.- La LXIII Legislatura llamó al presidente de la República a agilizar la compra de medicamentos oncológicos y garantizar su suministro a los pacientes que los requieren, principalmente niñas, niños y adolescentes.
Las y los diputados consideraron que la pandemia provocada por el Covid-19 no debe obstaculizar ni coartar el derecho a la atención médica del resto de pacientes y sobre todo de los menores de edad que están luchando contra el cáncer y necesitan acceder a sus tratamientos.
La diputada Carolina Dávila Ramírez propuso esta iniciativa de punto de acuerdo que fue aprobada de manera urgente y en la que señaló que el objetivo del planteamiento el exhortar al gobierno federal para que “corrija el desorden, la indolencia o la franca incompetencia que los ha llevado a provocar una escasez generalizada de medicamentos para el tratamiento de las niñas y niños con cáncer”, lo que calificó como una tragedia de alcance nacional.
Exhortan al gobierno estatal a consensar cualquier iniciativa de reforma al sistema de pensiones
Tras destacar que los trabajadores activos y jubilados del Issstezac no son culpables de la crisis que atraviesa la institución, la LXIII Legislatura exhortó al gobierno del estado a que tomar en cuenta a todos los afectados por las condiciones financieras del instituto para elaborar cualquier propuesta de modificación al sistema de pensiones de la entidad.
La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo planteó esta iniciativa de punto de acuerdo, aprobada como urgente, por la que se hace un llamado al Poder Ejecutivo para que realice jornadas de consulta y retroalimentación con los derechohabientes, con el fin de encontrar consensos de cara a las reformas legislativas que se necesitan.
En este sentido, las y los legisladores insistieron en su llamado para que el gobierno estatal no presente ninguna iniciativa a la legislatura sin que haya sido previamente consensuada con todos los sectores, además de que demandaron que, con estas modificaciones, quede garantizado el pago puntual de los salarios y prestaciones.
En la discusión en lo general, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez se inscribió para hablar a favor de la iniciativa en tribuna.
Continúa el proceso de designación de magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática
La LXIII Legislatura enviará al Poder Ejecutivo tres listas con cinco aspirantes en cada una para continuar con el proceso de designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Los perfiles que siguen en el proceso, destacaron las y los legisladores, fueron elegidos por su experiencia en materia laboral, jurisdiccional y en el ámbito de la función administrativa.
La primera lista, correspondiente a la magistratura que durará tres años en esta ocasión, está integrada por Jesús Bautista Capetillo, Jorge Alberto Castillo Loera, Glafiro Esparza Castillo, Salvador Ortiz García y Carlos Rodríguez Márquez.
La segunda, con los candidatos propuestas para un periodo de cinco años, la conforman Juan Carlos Almaraz Méndez, Juan Carlos Flores Solís, Carlos González Ramírez, Francisco Javier López Valerio, Joss Affat Pereyra Pizaña.
En la tercera lista, relativa al periodo de siete años, están Delia Barraza Hernández, Juana Ibarra Juárez, Martina Muñoz Escobar, Marla Rivera Jáuregui y Marcela Sánchez Rodríguez.
Posteriormente, el gobernador remitirá las listas nuevamente al Poder Legislativo con sólo tres nombres en cada una y, entre estos finalistas, las y los diputados elegirán a quienes ocuparán las magistraturas.
Se recibe el listado de cinco candidatas para ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa
Después de que la LXIII Legislatura enviara al Poder Ejecutivo una lista con ocho candidatas para sustituir a la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Raquel Velasco Macías, el gobernador Alejandro Tello remitió a las y los diputados el listado final con cinco aspirantes.
Para la elección de estos perfiles, se destaca que los elementos principales que se tuvieron en cuenta fueron su currículum académico y su experiencia laboral en materias como la impartición de justicia, la administración pública y el conocimiento sobre las fases, procedimientos y resoluciones de los asuntos que son competencia del tribunal.
Los cinco nombres que se incluyen en esta lista, y entre los que se encuentra la nueva magistrada, son los de Bertha Alicia Gutiérrez Villegas, Nancy Frías Pérez, Aída Alicia Lugo Dávila, María de San Juan Villalobos de Alba y Margarita Ureño Medina.
INICIATIVAS
Se lee el paquete económico 2021 para Zacatecas
En la sesión ordinaria fue leído en el Pleno de la LXIII Legislatura el paquete económico de 2021 para Zacatecas, que fue entregado por el Poder Ejecutivo este lunes y en el que se incluye un proyecto de Presupuesto de Egresos con un monto total de 30 mil 226 millones 165 mil 891 pesos.
Para el Poder Ejecutivo se propone una asignación de 20 mil 801 millones 63 mil 911 pesos, para el Poder Judicial se contempla una cantidad de 585 millones 274 mil 124 pesos y para el Poder Legislativo, de 472 millones 618 mil 724 pesos.
El presupuesto global para los municipios que se plantea en la iniciat8iva enviada por el gobierno estatal es de 5 mil 17 millones 125 mil 959 pesos, mientras que para los organismos autónomos la cantidad alcanza los 3 mil 350 millones 83 mil 173 pesos. Dentro de estos últimos destacan con los mayores montos la Universidad Autónoma de Zacatecas, con 2 mil 152 millones 304 mil 473 pesos y la Fiscalía General de Justicia con 711 millones 608 mil 480 pesos.
En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto, se señala que el panorama actual de crisis por la emergencia provocada por el Covid-19 obliga a continuar con los criterios de reducción del gasto para destinar la mayor cantidad de recursos posibles a acciones en materia de salud.
De igual forma, se refiere que seguirá la “supresión de gastos innecesarios, la reasignación de recursos, direccionados a fines prioritarios y el redireccionamiento de las políticas públicas hacia programas y proyectos de mayor beneficio para la población”.
Mientras tanto, en la Ley de Ingresos el Poder Ejecutivo destaca que no se incluyen nuevos impuestos ni el incremento de los ya existentes.
Asimismo, se contempla un paquete de estímulos fiscales con el objetivo de apoyar a los contribuyentes ante las complicaciones económicas generadas por la pandemia del Covid-19, además de que se prevé la posibilidad de adelantar el pago del derecho de control vehicular de 2022 a partir del mes de septiembre del próximo año.
También se señala que durante el siguiente ejercicio fiscal se fortalecerán los ingresos propios con la “recaudación real” de los Impuestos Ecológicos. Por este concepto, de contempla recaudar un monto menor al estimado en los años anteriores, que era superior a los mil 200 millones de pesos, y en esta ocasión se prevén ingresos por 500 millones de pesos.
Dentro del paquete económico también se incluye una iniciativa de decreto por la que el Poder Ejecutivo busca la autorización de la legislatura para la contratación y/o reestructura de las coberturas de riesgo asociadas a la deuda pública del estado. El gobierno estatal sostiene que el objetivo de esta reestructuración deberá ser el de “obtener el menor costo del servicio de la deuda”.
De igual forma se leyó la iniciativa enviada por el mandatario estatal para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal del estado y sus municipios, de la Ley de Hacienda de la entidad, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el estado y sus municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.
Se proponen reformar a diversas disposiciones de la Ley del Issstezac
La diputada Alma Dávila Luévano propuso reformar diversas disposiciones de la Ley del Issstezac para mejorar su operación y administración, así como para transformarlo en una institución honesta y transparente.
Aunque expuso que para concretar estas modificaciones es indispensable el consenso y la voluntad política, adelantó que esta iniciativa ya se ha trabajado en un ejercicio de parlamento abierto.
Entre los cambios propuestos están los relacionados con la supervisión del fideicomiso fondo de pensiones, la inclusión de nuevos integrantes en la Junta Directiva del instituto como un representante del movimiento de bases de derechohabientes en defensa del Issstezac y la limitación a los salarios máximos de los funcionarios, estableciendo como tope el sueldo de 50 mil pesos mensuales, ya incluyendo bonos y compensaciones, para el director general.
Otorgar licencias con goce de sueldo a cuidadores de niños con cáncer
La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo presentó una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Civil del estado con el objetivo de que los padres y madres que cuidan de niños con cáncer puedan obtener licencias con goce de sueldo.
Destacó que si estos cuidadores son trabajadores necesitan que en su centro laboral les den facilidades para poder atender de manera correcta a los infantes.
Sin embargo, precisó que estos permisos recurrentes que deben solicitarse tienen que garantizar el mantenimiento del salario para no afectar las capacidades económicas de estas familias.
Garantizar la posibilidad de elegir el orden de los apellidos
La diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado propuso reformar y adicionar el artículo 37 al Código Familiar del estado ya que consideró que actualmente es una norma discriminatoria hacia las mujeres por el vacío legal que existe a la hora de establecer el orden de los apellidos de los hijos.
Debido a que no hay precisiones al respecto, sostuvo que la cultura patriarcal provoca que se siga la regla implícita de colocar en primer lugar el apellido paterno, sin dar la posibilidad a los padres de elegir el orden que prefieran.
Por ello, con la modificación planteada se propone dejar asentado que en el acta de nacimiento se deberá establecer el nombre propio y los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que estos convengan.
Obligar al Poder Judicial a publicar todas las sentencias
La diputada Carolina Dávila Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado para homologarla a la Ley General en la materia, tras la reforma que entró en vigor el pasado 13 de agosto de este año relacionada con la publicación de las sentencias judiciales.
El objetivo es establecer la obligación del Poder Judicial de Zacatecas de publicar no sólo las sentencias consideradas de interés público sino de todas las que se dicten en la entidad.
De esta forma, la legisladora consideró que la ciudadanía podrá tener la oportunidad de analizar y razonar los actos de la autoridad jurisdiccional, de generar indicadores y evaluaciones objetivas y podrá proponer acciones o recomendaciones que mejoren la prestación del servicio judicial.
Incluir nuevos criterios de medición de la pobreza
Los diputados Héctor Menchaca Medrano, Jesús Padilla Estrada, Gabriela Pineda Morales y María Navidad Rayas Ochoa propusieron modificar la Ley de Desarrollo Social para el estado y sus municipios en materia de criterios para medir la pobreza en la entidad.
Los legisladores consideraron indispensable que se agreguen dos lineamientos más a los ya existentes para determinar si una persona vive en condiciones de pobreza.
Concretamente se plantean incluir como criterios de medición de la pobreza la igualdad de oportunidades y el acceso pleno a la justicia, de forma que también se incorporen estos elementos a los programas de desarrollo social, como un mecanismo de integración e inclusión social que facilite el ejercicio de una ciudadanía plena.
Reformar el Código Civil en materia de derecho sucesorio
Los diputados Héctor Menchaca Medrano, Jesús Padilla estado y Gabriela Pineda Morales propusieron derogar el segundo párrafo del artículo 810 del Código Civil del Estado que está relacionado con el derecho sucesorio.
Los legisladores señalaron que la redacción actual de la norma deja en desventaja y en un estado de indefensión a las familias relacionadas con una persona fallecida.
Incluso, advirtieron que el párrafo referido tiene tintes de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en perjuicio de las personas, las familias y los niños, por lo que proponen su eliminación del Código Civil.
