El 2 de junio del año 2011, el Contralor Interno del Gobierno del Estado presentó denuncia penal en contra de EDUARDO RUIZ FIERRO y otros ex funcionarios por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DELITOS COMETIDOS EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS Y LOS QUE RESULTAREN.

Como producto de esta denuncia se abrió la carpeta de investigación número 16/2011 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Durante los 7 meses que duró la investigación, el Ministerio Público corroboró que los denunciados en su calidad de Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Zacatecas durante al administración 2004-2010:

1. Desaparecieron 11 expedientes relativos a igual número de adquisiciones por un monto de $2’903,893.44.

2. Adjudicaron indebidamente 17 contratos por un monto de $38’701,360.32. Estos contratos rebasaban el monto estatal y federal, por lo tanto debieron licitarse.

3. Otros 24 expedientes por un monto de $32’195,609.57 no cuentan con el debido contrato.

4. 11 expedientes por un monto de $19’842,194.55 no cuentan con al menos 3 cotizaciones como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

5. 29 expedientes por un monto de $62’856,704.60 no cuentan con la garantía que establece la citada Ley de Adquisiciones.

6. 41 expedientes por un monto de $67’988,024.55 que se adjudicaron de manera directa, no cuentan con el Dictamen de Justificación que exige la Ley multicitada.

7. Finalmente se acreditó que en 19 contratos se adquirieron bienes y servicios por un valor de $33’223,727.37 cuando su valor real en el mercado es de $16’359,657.58, por lo tanto los imputados le generaron un quebranto al patrimonio del Estado por $16’864,069.78. El caso más relevante es la compra de un sistema de circuito cerrado para la FENAZA que se adquirió en $6’774,132.50 cuando su valor real en el mercado es de sólo $616,569.81.

El pasado 23 de enero el Ministerio Público judicializó el caso y el 11 de febrero el Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital, dentro de la Causa Penal 31/2012, giró Orden de Aprehensión en contra de EDUARDO RUIZ FIERRO por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIA Y NEGOCIACIONES ILÍCITAS, cometido en agravio del GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

En su resolución el Juez determinó que los imputados con su carácter de Servidores Públicos y en ejercicio de sus funciones, llevaron a cabo una serie de actos para otorgar contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios mediante adjudicación directa, cuando esto no les estaba permitido por la normatividad ya que rebasaban los máximos establecidos, aunado a que tampoco justificaron su proceder mediante un Dictamen que lo explicara; dejaron de elaborar los contratos por escrito; no realizaron cotizaciones previas y tampoco exigían las garantías a las que estaban obligados los proveedores.

En conclusión, estos hechos debidamente probados con documentos públicos y privados que obran en 45 tomos, con más de 50 testimoniales diligenciadas en diversos Estados de la República donde los proveedores tienen su domicilio fiscal, así como 2 Dictámenes Periciales en materia contable, los convierten en probables coautores del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIA Y NEGOCIACIONES ILÍCITAS en términos de lo dispuesto por los artículos 11 fracción II y 206 fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Zacatecas.

Cabe señalar que el Juez de Garantía negó la Orden de Aprehensión en lo que toca a EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD en virtud de que las conductas quedan subsumidas en el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIA Y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.

Finalmente, se informa que el Mandamiento Judicial en lo que toca a EDUARDO RUIZ FIERRO, fue cumplimentado el día de hoy en la Ciudad de México, por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas en coordinación y colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Convenio de Colaboración celebrado por la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de todas las Entidades Federativas.