Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve exfuncionarios y servidores públicos de la entidad, tras imputárseles cargos por presunta colaboración con grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes, informaron fuentes oficiales esta tarde. La petición representa el primer caso de esta naturaleza dirigido contra un mandatario estatal en funciones y ha generado tensión en la relación bilateral.

Acusaciones y cargos

Según documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, desde antes de asumir el cargo en 2021 y durante su administración, el mandatario y los demás señalados habrían pactado acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa, en particular con el grupo denominado “Los Chapitos”. Las autoridades estadounidenses sostienen que, a cambio de apoyo político y pagos económicos, brindaban protección institucional, facilidades logísticas y acceso a información oficial para permitir el traslado de drogas, armas y explosivos hacia territorio norteamericano.

De ser declarados culpables, las penas contempladas van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, según lo establece la legislación de ese país.

Trámite en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió la solicitud el pasado 28 de abril a las 18:00 horas por conducto de la embajada estadounidense. Tras realizar una revisión inicial, la dependencia indicó que los expedientes remitidos no contaban con elementos probatorios suficientes que sustenten las acusaciones, conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición vigente y las leyes nacionales.

Sin embargo, siguiendo los procedimientos legales, la documentación fue turnada de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia competente para realizar el análisis detallado, verificar la validez de los hechos y determinar si existen fundamentos jurídicos para continuar el proceso, iniciar investigaciones propias o desestimar la petición.

“Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de nuestro país”, explicó Ulises Lara López, vocero de la FGR, quien agregó que se abrirá una carpeta de investigación para recabar información adicional y esclarecer los hechos. Además, recordó que al tratarse de funcionarios con fuero constitucional, será necesario agotar el procedimiento de juicio de procedencia ante el Congreso del estado para retirar su inmunidad, antes de cualquier actuación judicial.

Posicionamientos

Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente las imputaciones y calificó el proceso como una acción política dirigida contra el proyecto de gobierno actual. En declaraciones desde Culiacán, afirmó que se trata de acusaciones sin sustento y manifestó su disposición a comparecer ante las instancias correspondientes para demostrar su inocencia.

Desde la cancillería también se expresó malestar por la difusión pública anticipada de los datos y detalles de la causa, al considerar que contraviene los acuerdos de confidencialidad pactados entre ambas naciones y podría afectar el desarrollo de las investigaciones.

Contexto y repercusiones

El caso ha sido calificado por analistas como uno de los momentos más complejos en materia de seguridad y justicia entre ambos países en los últimos años. Mientras que autoridades estadounidenses señalan que forma parte de la estrategia para desmantelar estructuras de apoyo al crimen organizado, en México se ha generado debate en torno a los límites de la cooperación internacional, el respeto a la soberanía jurídica y los requisitos para presentar pruebas válidas en procesos transfronterizos.

Hasta el momento no existe fecha definida para la resolución de la solicitud, por lo que el proceso continuará su curso jurídico y político, a la espera de los resultados de las investigaciones y los acuerdos que se logren entre las partes involucradas.