Zacatecas, Zac.- Plagado de anomalías y sin concluir aún, al cabo de casi cinco años de trámites, el litigio laboral de 20 ex trabajadores de La Jornada Zacatecas, en pugna por su indemnización de ley, dio un nuevo giro en la defensa de los agraviados, quienes presentaron una queja que condena la dilación en la aplicación de justicia, interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y con competencia también para su instancia nacional, dada la intervención del Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Tercer Distrito del Poder Judicial de la Federación.

La queja fue recibida en ese organismo por el jefe del departamento correspondiente, José Alfredo Espino Chávez, el pasado 15 de marzo. Un día después, fue radicada en la Visitaduría Tercera, a cargo de Luz María Vallejo, con el número de expediente CDHEZ 148/16, y posteriormente, se notificó formalmente a la parte promovente.

La fecha del agravio contra directivos, reporteros, editores, fotógrafos, correctores, personal de sistemas y prensa se clasificó como de orden “continuado”, en tanto que el expediente está sin cerrarse en la esfera del Tribunal Colegiado, por donde ha transitado varias veces por periodos hasta de nueve meses.

A lo largo de estos años, los afectados han sido testigos de las deficiencias en su defensa jurídica, puesta en manos de la Defensoría Pública del estado; del excesivo burocratismo y parcialidad con que actuaron la Dirección del Trabajo y Previsión Social (DTPS), además de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y de la inacción de la Secretaría General de Gobierno, como interlocutora e instancia responsable de dichas dependencias.

Asimismo, al principio del litigio, un acta deficiente y “a modo” favoreció la “huida” de la empresa; la omisión del embargo precautorio, por parte de la JLCA, en días clave para ejecutarlo, permitió el saqueo de todo el mobiliario, equipo y rotativa, después de lo que, entonces sí, se hicieron presentes los actuarios; el desgano, mal trato e indiferencia de la Procuraduría del Trabajo de la Defensoría, debido a conflictos internos de bandos sexenales; el excesivo tiempo de los tribunales para resolver los amparos, entre otras anomalías.

Con la exigencia de reparación de daño económico por la añeja tardanza e inejecución del laudo de la JLCA, que fue favorable a los trabajadores en abril de 2014, seguido de una serie de solicitudes de amparo, pero que, además, el resolutivo fue ratificado por el Tribunal Colegiado, la queja ante la CDHEZ fue suscrita por Alma Alejandra Tapia Hurtado, Alonso Chávez Landeros, Jorge Alejandro Vázquez Valdez, Martha Gabriela Alvarado Sandoval, Javier Alberto Becerra, Bet-Birai Nieto Morales, Araceli Rodarte Solórzano, Elizabeth Amador Márquez, Emanuel García Lira, Martín Catalán Lerma, Miguel Ángel Núñez López, María Refugio Grey Martínez, Ángel Amador Sánchez, María Teresa Morales Duke, Pedro García Lira y Salvador Rodarte Solórzano.

Cabe recordar que el 1 de mayo de 2011 la empresa denominada Ciudadanía Democrática perdió la franquicia del diario en mención y dejó a su suerte a la plantilla laboral. Sus accionistas fueron notables políticos del régimen perredista, encabezados por Claudia Corichi García, hija de la ex gobernadora Amalia García Medina, hoy diputada federal de Movimiento Ciudadano y secretaria del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, respectivamente, y quienes han hecho caso omiso de su responsabilidad, pese a gestiones de los trabajadores.

Ciudadanía Democrática comenzó el desmantelamiento de las instalaciones el 4 de mayo de 2011. Los trabajadores solicitaron de inmediato la intervención de la DTPS, de la JLCA y de la Defensoría Pública del estado, pero, aun con todo ello, no se realizó el embargo precautorio, sino una diligencia fallida, ocho días después, cuando el edificio ya había sido desmantelado.

En su momento, la JLCA argumentó falta de personal y actuarios para realizar la diligencia, lo que los trabajadores no aceptan como excusa, por el contrario, han argumentado colusión de funcionarios, sobre todo de la DTPS, que en aquel entonces levantó un documento que, luego, tuvo que ser recompuesto con diligencias y careos entre las partes.  La JLCA, por el burocratismo imperante, emitió el laudo hasta finales de 2014, con el argumento de falta de abogados y personal, además de que nunca intentó su ejecución debido a una sucesión de amparos.

En varias ocasiones, el problema le fue tratado directamente al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, en forma verbal y por escrito, quien derivó las quejas y reclamaciones a los secretarios generales de Gobierno, a Esaú Hernández Herrera, primero, y a Jaime Santoyo Castro, después, quienes, hasta la fecha, no pudieron destrabar el litigio.

Actualmente, y desde el año pasado, el Tribunal Colegiado mantiene en revisión otro recurso de amparo, de los ya varios promovidos tanto por la Defensoría, en representación de los demandantes, como por la empresa que anteriormente representaba Azucena Reyes Miranda, socia de Corichi, quien fuera su suplente en el Senado de la República, y quien, a pesar de ser la última directiva de la empresa, fue eximida de responsabilidades por la JLCA en el laudo emitido.

Así, a pesar de diligencias encomendadas a los mismos trabajadores para conseguir las actas certificadas en el Registro Público de la Propiedad sobre los socios de Ciudadanía Democrática, al día de hoy no se sabe de ningún seguimiento en esa línea para que se cumpla con el laudo correspondiente; sí, en cambio, de eximir a una de las socias claves en el conflicto laboral: Azucena Reyes Miranda.