Zacatecas, Zac.- Un fotoperiodista de un diario local fue bajado y retirado del segundo piso de Palacio de Gobierno por elementos del equipo de seguridad y escoltas del gobernador David Monreal Ávila, precisamente durante el acto oficial de arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, que se realizaba este lunes en el recinto oficial.

 Según el relato de testigos y del propio profesional de la comunicación, uno de los integrantes del grupo de protección del mandatario estatal se acercó al fotoperiodista, le reclamó su presencia en el lugar, fotografió su gafete de identificación y también tomó imágenes de su persona, argumentando sin fundamento que “no podía estar ahí”, para posteriormente ordenar y ejecutar su retiro de la zona, a pesar de que se encontraba cumpliendo con su labor informativa y contaba con su acreditación correspondiente.

 El hecho ha desatado fuertes cuestionamientos entre el gremio periodístico y la opinión pública, que se preguntan con fuerza: ¿Desde cuándo Palacio de Gobierno tiene dueño? ¿A qué le tiene miedo o qué esconde el gobernador David Monreal Ávila?

 Solo “los de casa” pueden entrar

 La denuncia señala que en este acto, dedicado a una causa humanitaria y de ayuda social, solo permitieron permanecer y cubrir la actividad a los fotógrafos y comunicadores que forman parte de la nómina oficial del gobierno estatal, mientras que a los representantes de medios independientes, locales y críticos se les obstaculiza el paso, se les vigila, se les identifica y hasta se les expulsa, como ocurrió este día con este fotoperiodista y fotorreportero.

 “¿Por qué solamente los fotógrafos del sexenio pueden o deben estar ahí y no se le da libre acceso a un fotoperiodista de un diario local?”, cuestionan los comunicadores, que recuerdan que el Palacio de Gobierno es un edificio público, mantenido con recursos de todos los zacatecanos, y no una propiedad privada ni una finca familiar del mandatario en turno.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia establecen claramente que los periodistas tienen derecho al libre acceso a las fuentes informativas y a los eventos públicos donde participan autoridades, así como a realizar su trabajo sin obstáculos, presiones ni actos de intimidación por parte de servidores públicos o sus equipos de seguridad.

 ¿Seguridad o control?

 Los hechos también ponen sobre la mesa una duda fundamental: ¿Cuál es la función real de los escoltas del gobernador? ¿Su tarea es proteger la integridad del funcionario, o vigilar, controlar y perseguir a quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a informar?

 “¿Desde cuándo es obligación de sus escoltas identificar a los compañeros de los medios de comunicación? ¿Acaso no es obligación de la autoridad brindar las facilidades para que se cumpla con la labor periodística?”, se preguntan los denunciantes, que advierten que este tipo de actos son una forma velada de censura y una violación directa a los derechos humanos y a la democracia.

La pregunta que resuena en todas las voces es una sola: ¿A qué le teme Monreal? Si su gestión es transparente, si sus actos son legales y si su gobierno actúa de cara a la sociedad, ¿por qué teme a la luz de las cámaras y a la mirada crítica de la prensa libre?

 Hasta el momento, ni la oficina del gobernador ni la Secretaría General de Gobierno han emitido ninguna postura, explicación o disculpa por lo ocurrido. Mientras tanto, el gremio de la prensa local analiza las medidas legales y gremiales que tomarán para defender su derecho a trabajar y el derecho de la ciudadanía a estar informada.