Ciudad de México.– Ante los alarmantes niveles de violencia que viven las mujeres en el transporte público, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para adicionar un capítulo relativo a la violencia en la movilidad, donde permita garantizar su vida e integridad al hacer uso de taxis concesionados o por aplicación.

Al fundamentar la iniciativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que su propuesta define la violencia en la movilidad como aquellos actos que atentan contra la vida e integridad física y psicológica; los derechos sexuales y reproductivos; y el patrimonio de niñas, adolescentes y mujeres por razón de género durante el uso de transporte colectivo, ya sea público o privado.

Asimismo, crea un catálogo enunciativo de las conductas que configuran violencia de género en la movilidad, y un catálogo de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, para que en sus traslados en transporte público se respeten sus derechos humanos.

Geovanna Bañuelos reconoció que algunas empresas de movilidad privada, como Uber, Didi o Beat son una solución a los problemas de violencia que sufren las mujeres en sus traslados, pues entre sus lineamientos de operación imponen reglas tanto a conductores como usuarios.

Sin embargo, cuando ha existido violencia cometida por conductores, las empresas se han negado a proporcionar la información necesaria para deslindar responsabilidades, lo que violenta el derecho humano al acceso a la justicia.

“Estas empresas han escapado de la regulación, por lo que es momento que el Estado mexicano establezca lineamientos para salvaguardar la integridad física de niñas, adolescentes y mujeres que las utilizan”, mencionó la legisladora.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, la legisladora propone considerar como violencia de género en la movilidad:

• El lenguaje machista.
• El hostigamiento o acoso sexual.
• Grabar o fotografiar al usuario.
• Cancelar o suspender los viajes unilateralmente por parte del conductor.
• Falta de cámaras de seguridad al interior de los vehículos.
• Inacción por parte de las empresas cuando se denuncie violencia de género.

La iniciativa plantea la creación de un Plan Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en la Movilidad, el cual será diseñado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogas en las 32 entidades federativas.

Además, propone crear un Registro Nacional de Conductores, el cual se actualizará mensualmente y deberá ser público.

También, establece los siguientes derechos para usuarias de los servicios de taxis concesionados o por aplicación

• Conocer el nombre completo, fotografía y CURP del conductor.
• Conocer los antecedentes penales del conductor.
• Que todos los vehículos cuenten con un tarjetón traslúcido con teléfonos de emergencia y su incorporación al Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en la Movilidad.
• Acceso a toda la información relativa al viaje.
• A la protección de sus datos personales.

Finalmente propone sancionar con multas de hasta 5 mil Unidades de Medida de Actualización a quien incumpla con estas medidas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas Para la Paridad de Género y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.