Zacatecas, Zac.- Durante los últimos cuatro años, casi cada semana se registró un suicidio en la entidad y la mayoría de las víctimas fueron niñas, niños y jóvenes de entre 11 y 24 años. En este periodo, en Zacatecas hubo 182 suicidios, además de que se tuvo un incremento del 20 por ciento en los casos de depresión.

Tras conocer estas cifras, las y los diputados de la LXIII Legislatura local exhortaron a las autoridades estatales, para que implementen medidas de prevención y atención de la depresión juvenil y elaboren programas que ayuden a los jóvenes a lograr un desarrollo emocional en el marco de un problema de salud pública como el que existe actualmente.

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente realizada este martes en el Congreso del estado, el diputado Pedro Martínez Flores presentó una iniciativa de punto de acuerdo para hacer este llamado concretamente al Instituto de la Juventud del estado,  la Secretaría de Educación y a la de Secretaría de Salud; la propuesta  fue aprobada por unanimidad.

El legislador reconoció que en la actualidad hay tratamientos eficaces para la depresión pero más de la mitad de los afectados no los recibe por causas como la falta de recursos y de personal sanitario capacitado, las evaluaciones clínicas inexactas y la estigmatización que existe en torno a los trastornos mentales.

El problema de la depresión se ha agravado con el paso de los años y como muestra expuso que de 2016 a 2017 en Zacatecas aumentaron un 20 por ciento los casos atendidos en la Secretaría de Salud al pasar de 56 a 67 las personas que acudieron con trastorno depresivo.

Martínez Flores precisó que incluso se han atendido pacientes de entre 10 y 14 años. En 2019, por ejemplo, fueron tres los menores de estas edades que se recibieron con episodios depresivos moderados y también, uno de ellos, con trastorno depresivo recurrente.

El legislador consideró que hay cuatro retos actualmente para enfrentar este problema de salud pública que está afectando a la infancia y juventud zacatecana. El primero es lograr que los trastornos mentales sean considerados como enfermedades crónicas con derecho a tratamiento.

También se requiere la creación de políticas públicas que incluyan desde la prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación, además de que es necesario que éstas se apliquen de manera coordinada para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Como tercer reto mencionó el desarrollo de programas específicos que atiendan a los grupos más vulnerables como la infancia, los habitantes de comunidades rurales e indígenas y la población en extrema pobreza, ya que son los que tienen menos acceso a los servicios de salud mental.

Un cuarto tema que se debe atender es el de la depresión posparto, en el que señaló que es indispensable que se dé información sobre este padecimiento para fomentar una detección oportuna y se evite, así, las consecuencias negativas.