Al describir cómo México vive bajo la sombra del miedo, la incertidumbre y altos índices de delincuencia, David Monreal Ávila, senador de la República exhortó a la Secretaría de Gobernación para rendir un informe sobre las acciones que llevará a cabo para contrarrestar el alza en el número de homicidios en el país, ello, de acuerdo a los datos que se desprenden del Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al subir a tribuna precisó que desafortunadamente la estrategia de seguridad emprendida por las últimas dos administraciones ha dado como resultado un enrarecimiento del ambiente social y político, ocasionando que la paz social y el Estado de derecho se quebranten.

Dijo que este clima que prevalece en todo el país ha ocasionado un alza principalmente en delitos como el homicidio, secuestro, extorsión y el robo, delitos que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la ciudadanía, al grado que los índices de percepción de inseguridad en los últimos años de igual forma han ido a la alza. 

Las consecuencias que recaen sobre el delito de homicidio son diversas, además de las que han sido señaladas en cuanto a la percepción de inseguridad y el miedo que puede generar se encuentran consecuencias económicas, psicosociales y políticas. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en su estudio “Homicidio: una mirada a la violencia en México” 2015, “Pocos son los delitos cuyas consecuencias son tan severas como las de un homicidio partiendo desde la pérdida de un ser querido hasta la atención psicológica requerida por los familiares. 

Es decir, la particularidad y la importancia de analizar la grave situación que se vive en México como consecuencia del alza en el delito de homicidio, es que éste atenta en contra del mayor de los derechos humanos y del cual el Estado es responsable de garantizar: la vida.  

Asimismo, sostuvo el legislador, según expertos debe analizarse también el debilitamiento de las instituciones del Estado, condiciones de impunidad crónica, afectación a la gobernabilidad e incluso dificultades en los procesos electorales derivado de un contexto de inseguridad y violencia que desincentive la participación ciudadana. 

Según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en agosto de este año se señala que del mes de enero al mes de julio de 2016 el número total de homicidios en el país ha sido de 22 mil treinta y seis, de los cuales 12 mil trecientos setenta y seis son dolosos, mientras que 9 mil seiscientos sesenta fueron culposos. Mientras que el número a nivel nacional de secuestro fue de 745;  y el delito de extorsión tiene un registro de 2 mil 885. 

Las tres entidades que muestran un mayor número de homicidios son Guanajuato con 1, 793; Estado de México con 1,720 y Guerrero 1,704, mientras que el Estado de Zacatecas presenta un índice de 395. De seguir esta tendencia el año 2016 terminará con cifras del número de homicidios similares al 2011 cuando este delito alcanzó su máximo histórico con 27, 213 de acuerdo con datos del INEGI.

En este sentido y frente a un panorama tan alarmante, resulta indispensable que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación informen a esta soberanía ¿Cuáles son las acciones precisas que pretenden llevar a cabo para atender el alza del número de homicidios en México? ¿Cuáles son las causas atribuibles al incremento de este delito? ¿Qué cambios resultan pertinentes en la estrategia de seguridad emprendida por el Gobierno Federal? 

Finalmente indicó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus habitantes o visitantes, sin embargo, las cifras incitan a pensar que la capacidad del Gobierno para resguardar la vida y la seguridad de los mexicanos ha sido superada, lo cual sugiere una grave crisis social y política.