Zacatecas, Zac. — Se le llama «diezmo», pero no tiene nada de sagrado. Es la cuota del saqueo. Es el impuesto ilegal que los políticos y funcionarios corruptos cobran sobre el erario público, bajo amenaza, a cambio de contratos, obras o simplemente de permitirte trabajar. Y lleva décadas enquistado en la administración pública como una costumbre que nadie se atrevía a llamar por su nombre: extorsión, cohecho y corrupción.

¿En qué consiste?

Bajo esa palabra inocente, se esconde una práctica repudiable: el funcionario exige al contratista, al proveedor o al propio empleado público entregarle un porcentaje del valor del contrato o de su sueldo —tradicionalmente el 10%, de ahí el nombre— como «comisión» o «derecho de adjudicación». Si no pagas, no hay obra. Si no pagas, no hay puesto. Si no pagas, te destruyen. Si no pagas… No hay trabajo. 

Con el paso del tiempo, esa «cuota» ha escalado: hoy se exigen 15, 20 y hasta más por ciento. Y nadie dice nada. Nadie denuncia. Porque quien habla, desaparece. Quien se niega, es perseguido.

El dinero que no llega a la gente

Ese porcentaje se descuenta antes de que la obra comience. Ese dinero sale del presupuesto destinado a calles, escuelas, hospitales, servicios. Es dinero que le roban a usted, ciudadano, para engrosar cuentas personales de quienes juraron servirle.

No es una aportación voluntaria. No es una contribución al bien común. Es el botín del poder. Es la prueba de que mientras usted paga impuestos con esfuerzo, hay quienes se roban el dinero de todos como si fuera herencia suya.

Basta de normalizar lo ilegal

El llamado «diezmo» es un delito. Es extorsión. Es cohecho. Es peculado. Y debe tratarse como tal. No puede haber tolerancia. No puede haber silencio. Quien exija cuotas, quien condicione contratos a pagos bajo la mesa, quien se enriquezca a costa del presupuesto público, debe ser investigado, juzgado y encarcelado.

Porque no es «así se hace política». Es así se roba al pueblo. Y el pueblo ya no está dispuesto a seguir pagando.