Zacatecas, más de 3 mil 800 personas desaparecidas y no localizadas

Ciudad de México.- Para garantizar condiciones de seguridad y dignidad a colectivos de madres que se dedican a la búsqueda de personas, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para reconocer jurídicamente su labor.

Mediante una iniciativa que fue presentada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por Zacatecas busca reconocer a las madres buscadoras para dar certeza a una práctica social que ya forma parte del entramado institucional.

“Su labor ha demostrado ser un componente relevante en la construcción de procesos de búsqueda con enfoque humanitario, sensibilidad social y cercanía con las familias”, mencionó la legisladora.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, México supera las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas; estadística que revela la profundidad del problema en el país.

“En Zacatecas, mi estado, esta realidad se vive con una crudeza particular. Los datos oficiales confirman más de 3 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas, con una concentración alarmante en municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez”.

En este sentido, Geovanna Bañuelos explicó que al incorporar de forma expresa a quienes, desde la experiencia directa de la ausencia, participan activamente en las labores de búsqueda y acompañamiento, se reconoce que su labor se desarrolla en contextos de riesgo y desgaste emocional, lo cual demanda respuestas institucionales adecuadas.

“En ese contexto, los colectivos de madres buscadoras se han convertido en uno de los pilares más sólidos de la búsqueda de personas en nuestro país. Son mujeres que transformaron el dolor en acción, la ausencia en organización y el miedo en determinación”, mencionó.

Geovanna Bañuelos aseveró que al integrar esta realidad en la ley, se fortalece la coherencia entre la norma y la acción pública, evitando que la participación de estos colectivos dependa de criterios discrecionales o coyunturales.

Asimismo, la iniciativa contribuye a ordenar y sistematizar la interacción entre las autoridades y los colectivos de búsqueda, al establecer reglas claras para la coordinación, se favorece un diálogo institucional más efectivo, basado en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la autonomía de las organizaciones civiles.

Este marco normativo permite que la colaboración se desarrolle de manera constante y previsible, reduciendo incertidumbres y mejorando la eficacia de las acciones conjuntas.

Otro aspecto central de la iniciativa radica en la incorporación de un enfoque de protección y cuidado, al establecer la obligación del Estado a garantizar a los colectivos de las madres buscadoras el acceso a apoyos psicológicos especializados, con enfoque de atención al trauma, duelo prolongado y desgaste emocional.

La líder parlamentaria destacó que su propuesta impulsa una política pública que refuerza el compromiso del Estado mexicano con la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia de las familias de personas desaparecidas.

“Desde el Partido del Trabajo impulsamos el reconocimiento jurídico de las madres buscadoras para dar certeza a una realidad ya existente, porque creemos que la justicia social se construye escuchando a las víctimas, acompañando a sus familias y transformando sus demandas en derechos”, concluyó Geovanna Bañuelos.