Miguel Alonso Reyes  adquirió a Irma Valerio Quintero, un predio de 35 hectáreas, 18 de estas de huerta y 17 de agostadero.

Juan Mendoza presentó el escrito notarial de la citada transacción comercial  así como del croquis de ubicación de la propiedad, el traslado de dominio y un recibo de impuestos catastrales del municipio de Villanueva a nombre Alonso Reyes.

Por el presunto peculado habrá que trazarse en instancias como la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación así como el propio Congreso Local, para que indaguen y clarifiquen el uso de los recursos invertidos en dichas propiedades.

José Juan Mendoza Maldonado, diputado local   de la Sexagésima Legislatura, aseveró que en Zacatecas permea la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abuso desde el poder mediante el abuso al erario público, con una riqueza patrimonial construida desde el poder, eso luego de hacer públicas las documentales que aseguró demuestran el enriquecimiento inexplicable del gobernador priista Miguel Alejandro Alonso Reyes.

En conferencia de prensa, Mendoza Maldonado mostró las certezas documentales de las adquisiciones inmobiliarias de Alonso Reyes, de entre estas el predio rustico, ubicado a un costado de la cortina de la presa del municipio de Malpaso, en que detallo que “de acuerdo al oficio número 9 del notario público  Daniel Infante López, el pasado 9 de diciembre de 2011, siendo gobernador constitucional del estado, adquirió a Irma Valerio Quintero, un predio de 35 hectáreas, 18 de estas de huerta y 17 de agostadero”.

Acompañado por los líderes estatales de los partidos de Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo PT, Gerardo Espinoza Solís y Geovana Bañuelos respectivamente, el diputado perredista presentó el escrito notarial de la citada transacción comercial  así como del croquis de ubicación de la propiedad, el traslado de dominio y un recibo de impuestos catastrales del municipio de Villanueva a nombre de Miguel Alejandro Alonso Reyes, en que aseguró se documenta y se exhiben los niveles de corrupción por parte de la clase política gobernante.

Mendoza Maldonado detalló que la ruta jurídica por presunto peculado habrá que trazarse en instancias como la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación así como el propio Congreso Local, para que indaguen y clarifiquen el uso de los recursos invertidos en dichas propiedades ya que aseguró se trata de un asunto de rendición de cuentas, “que tiene que ser atendido así por el propio gobierno y el Partido Revolucionario Institucional”.

 Entre otros inmuebles, propiedad del ejecutivo estatal, Mendoza Maldonado exhibió fotografías de la Quinta San Miguel, ubicada en los linderos  de la comunidad El Fuerte, en Machines, lugar -dijo-“de reunión de muchos eventos públicos del gobernador del estado y reuniones de funcionario, aquí esta una prueba de que el gobernador está aplicando una política ranchera, comprando ranchos en todos lados”, expresó en el vestíbulo de la Legislatura lugar en que se desarrolló la conferencia de prensa.

En ese tenor, indicó que el costo del predio rustico en Malpaso, se determinará en el planteamiento de origen que hizo den días pasado desde la tribuna del congreso local, referente a la transparentación patrimonial del gobernador, “se solicitará un avalúo del colegio de peritos valuadores para que se haga público y así logremos dilucidar entre los ingresos de Miguel Alonso y las propiedades que recientemente ha adquirido en una actitud de gobernador latifundista”.

Mendoza Maldonado aseguró que en la entidad existe corrupción, “y esta permea las estructuras del poder, y lo más grave es que ha llegado al vértice de la pirámide política hasta la cabeza de las instituciones, hay corrupción evidente  y una línea de investigación es que el presupuesto invertido en la llamada Casa de Gobierno que es recurso público, se invirtió en la compra de las 35 hectáreas”, aseguró.

Por su parte el líder perredista, Gerardo Espinoza Solís, aseveró que la postura del PRD en Zacatecas es la reiterada solicitud para que se transparente el uso de los recursos públicos en la entidad, y que se valoren las pruebas y demandas de información que se hacen desde los partidos y la tribuna local, y refirió que este miércoles fue presentada la denuncia ante los juzgados federales  para que se recepciones la denuncia presentada ante la Contraloría Interna del Estado y que en consecuencia se deriven las denuncias penales correspondientes  contra Alfonso Peschard Bustamante, secretario de Obras Públicas y de  José María González Nava,  titular de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader).

Finalmente la petista  Geovana Bañuelos, señaló que las pruebas presentadas son muestra de la opacidad con la que se conduce al actual gobierno estatal, y que a dos años de su mandato, “mientras el estado muere de hambre y baja sus niveles en atención a grupos vulnerables, el gobernador se hace de propiedades al igual que su familia”, en tanto adelanto que ya está en la Comisión de Vigilancia del Congreso Local,  el dictamen para solicitar al ejecutivo estatal la rendición y aplicación de recurso públicos  en  lo que llamo un flagrante enriquecimiento ilícito de parte de Alonso Reyes y sus familiares.