en abril - 29 - 2025
SE APRUEBA LEY NACIONAL PARA ELIMINAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS: MEJÍA HARO
Ciudad de México.- El diputado federal Ulises Mejía Haro informó que este lunes fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de construir una administración pública más ágil, transparente e incluyente.
“Con esta nueva Ley se reduce la carga burocrática, se eliminan trámites innecesarios y se garantiza un acceso más sencillo a los servicios públicos, especialmente para comunidades rurales y sectores vulnerables”, expresó el legislador zacatecano.
Entre los elementos más relevantes del nuevo marco normativo, se encuentran:
•La designación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización (art. 8).
•La creación del Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (art. 19).
•El establecimiento del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios (art. 51).
•La definición del Modelo Nacional para la Digitalización (art. 57).
•El uso de Llave MX como mecanismo de autenticación digital (art. 64).
•La creación del Expediente Digital Ciudadano (art. 76).
•El desarrollo del Repositorio Nacional de Tecnología Pública (art. 91).
Con esta legislación, se avanza en la homologación y estandarización de trámites en los tres órdenes de gobierno, garantizando soberanía tecnológica como parte estratégica de la transformación digital del país.
Mejía Haro destacó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 reveló que más del 83% de la población percibe la corrupción como un problema frecuente y que solo el 16.2% realiza trámites en línea. “Esta reforma busca cambiar esa realidad. Una administración digitalizada es una administración más justa”, puntualizó.
Finalmente, celebró que esta iniciativa se haya aprobado con amplio respaldo en el Congreso, al ser una herramienta clave para combatir la corrupción, reducir costos para la ciudadanía y fortalecer el acceso equitativo a los derechos.
