Cada 7 de junio, México se viste de discursos, pronunciamientos y declaraciones solemnes para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. Las autoridades resaltan el valor de la palabra, la importancia de informar y el papel fundamental del periodismo en una democracia. Sin embargo, para cientos de hombres y mujeres que ejercen esta profesión en el país, la fecha no representa motivo de alegría ni reconocimiento: es más bien una jornada de luto, de reclamo y de confirmación de una realidad aterradora: México es hoy el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
No es una afirmación exagerada ni una opinión alarmista. Lo confirman organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Durante años consecutivos, México encabeza las listas de naciones donde informar se convierte en una actividad de alto riesgo, por encima de zonas en conflicto armado, regímenes autoritarios o países con gobiernos cerrados a la crítica. Aquí, la violencia contra quienes informan no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática para silenciar la verdad.
Desde el año 2000 a la fecha, más de 150 periodistas han sido asesinados en el territorio nacional; decenas más han desaparecido, miles han tenido que huir de sus comunidades y vivir en el exilio interno o fuera del país, y cientos reciben amenazas diarias que limitan su trabajo. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes: más del 95 por ciento de los casos no tienen una sentencia ni se ha identificado a los autores intelectuales. Esa impunidad es el combustible que alimenta la violencia: cuando no hay consecuencias para quienes atacan a la prensa, el mensaje que se envía es claro: quien diga la verdad, paga las consecuencias.
Lo que hace aún más dolorosa esta realidad es que los riesgos no se limitan a las grandes ciudades o a las coberturas sobre el crimen organizado. Los periodistas locales, quienes cubren lo que pasa en sus propios municipios, quienes denuncian corrupción en gobiernos pequeños, abusos de poder, falta de servicios o vínculos entre autoridades y grupos delictivos, son los más vulnerables. Son ellos quienes viven con sus vecinos, quienes conocen a las autoridades locales, quienes no tienen la protección de grandes medios ni de organizaciones internacionales, y quienes muchas veces son atacados por quienes deberían garantizar su seguridad.
En estados como Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Michoacán o Tamaulipas, informar es casi un acto de heroísmo. Recientemente, hechos como la emboscada contra elementos de la Policía Estatal en Luis Moya —un suceso que refleja la violencia que atraviesa a todo el estado— son temas que requieren ser contados, analizados y explicados a la sociedad. Pero ¿cuántos periodistas se atreven a profundizar en esos hechos, a buscar las causas, a dar voz a las víctimas, a cuestionar lo que las autoridades dicen o dejan de decir? Muchos no lo hacen por miedo: el miedo a ser atacados, el miedo a que sus familias sean afectadas, el miedo a que su trabajo sea el último que realicen.
La libertad de expresión no es solo un derecho escrito en la Constitución. Es la base de cualquier democracia, el mecanismo que permite a la sociedad conocer, exigir, decidir y participar. Cuando la prensa es atacada, cuando se silencian las voces, cuando la información se convierte en un bien escaso o manipulado, todos perdemos: pierden los ciudadanos que no saben qué pasa en su entorno, pierden las instituciones que dejan de ser vigiladas, pierde el país que no puede resolver sus problemas si no los conoce a fondo.
Este 7 de junio, no hay nada que celebrar. Hay mucho que reclamar, mucho que exigir, mucho que cambiar. Mientras un solo periodista esté en riesgo, mientras un solo crimen contra la prensa quede impune, mientras la verdad siga siendo motivo de amenaza, México no podrá llamarse una democracia plena. La libertad de expresión no se defiende con discursos, se defiende con hechos: garantizando seguridad a quienes informan, investigando y castigando a los agresores, y entendiendo que una prensa libre y segura no es un enemigo del poder, sino el mayor aliado de la sociedad.
Hoy, el recuerdo es para todos los periodistas que han caído por decir la verdad. El compromiso, para seguir exigiendo que en este país, informar deje de ser un peligro y vuelva a ser un derecho.
