Zacatecas, Zac.- Para terminar el trabajo legislativo de este miércoles, la comisión de la Función Pública recibió a la titular de la dependencia de este ramo Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, para que compareciera ante las diputadas y diputados con el objetivo de detallar las acciones de la dependencia con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno.
La diputada Alma Dávila Luévano inició las rondas de cuestionamientos y se enfocó, principalmente, en el proyecto del Sistema Milpillas. Al respecto, preguntó cuál es el estado que guarda la investigación sobre estas obras y qué sanciones habrá.
Además quiso saber qué garantías existen de que la titular de la Función Pública actuará en contra de los responsables de este quebranto y de que lo hará de manera imparcial y no se solaparán las irregularidades que se cometieron. En otro tema preguntó si la SFP atenderá y de qué forma la crisis en la que se encuentra el Issstezac por los malos manejos.
El diputado Luis Esparza Olivares hizo un solo cuestionamiento relacionado con el uso de vehículos oficiales fuera de los horarios de trabajo y para fines que no tienen que ver con el ámbito laboral.
En concreto mencionó una denuncia reciente de un servidor público de la Secretaría de la Función Pública que utilizó un automóvil de la dependencia para ir a un bar. En ese sentido, cuestionó cuál es la sanción que se le impone a un trabajador que cae en este tipo de conductas.
A continuación el legislador Edgar Viramontes Cárdenas quiso conocer, por un lado, cuáles son las observaciones más recurrentes que se hacen en las revisiones relacionadas con los recursos que se invierten en obra pública. Por otra parte hizo referencia a la eliminación de fideicomisos y de otros programas que ya desde antes habían desaparecido como es el caso del Programa 3×1 que, en el estado, fue sustituido por el Programa 2×1.
En ese tenor, tras mencionar que el argumento dado por las autoridades federales para eliminar estas partidas ha sido el de la corrupción, le preguntó a la funcionaria si en el Programa 3×1 o actualmente 2×1 se han detectado actos irregulares.
En la primera ronda también intervino el diputado Héctor Menchaca, quien cuestionó cómo van las investigaciones y, en su caso, las sanciones en contra de los responsables de muchas de las anomalías cometidas durante el sexenio pasado, no sólo en cuestión de adquisiciones y compras sino también de obra pública con proyectos como el del Centro Cultural Toma de Zacatecas y la nueva Presidencia municipal de Fresnillo.
El legislador también incluyó en esta lista las denominadas “glorietas de la muerte” y preguntó, en suma, qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública para devolverle al pueblo de Zacatecas lo que se robó en el sexenio pasado.
Por último, el diputado Pedro Martínez Flores reconoció, primero, que en muchas ocasiones no se interponen denuncias ante la administración pública por considerar que el proceso es tedioso y que no hay resultados. En ese sentido, preguntó cuántos procedimientos de inconformidades se han realizado o están en trámite en lo que va del año en contra de dependencias públicas.
En el segundo bloque de preguntas, la diputada María Isabel Trujillo Meza preguntó si en el gobierno del estado hay protocolos para atender los posibles casos de acoso sexual que se den al interior de la administración, y también quiso saber si se ha dado seguimiento al trabajo en casa que han realizado los servidores públicos en esta contingencia y si ha habido sanciones para quienes no han cumplido.
Por su parte, el legislador Felipe Delgado de la Torre hizo una petición respecto a las obras del Programa 2×1, antes 3×1, relacionada con la forma en la que se decide qué obras van a llevarse a cabo en un ejercicio fiscal.
En ese sentido, consideró que hay que eliminar el comité de validación actual para que los proyectos que se lleven a cabo sean elegidos por orden de presentación, con el único requisito de cumplir con todos los lineamientos ya fijados en este programa.
También preguntó hasta cuándo habrá tolerancia con las irregularidades en la aplicación del recurso en este programa y las cuales se evidencian, por ejemplo, en que la calidad de los trabajos no siempre se corresponde con el presupuesto que se le destinó a cada proyecto. El actuar en contra de estas situaciones, agregó el legislador, es fundamental para que no decaiga la voluntad de los migrantes para apoyar al estado.
Antes de concluir las preguntas, hizo sus cuestionamientos el diputado presidente de la comisión legislativa Adolfo Zamarripa Sandoval. En su caso, preguntó cuántos servidores públicos han sido sancionados, cuántas investigaciones ha iniciado este gobierno actual y cuántas de ellas se han derivado de denuncias ciudadanas.
Igualmente le cuestionó a la secretaria cuál es la estrategia, si es que existe, para evitar que se usen los recursos y la estructura del gobierno estatal en el proceso electoral de 2021, además de que le pidió que enumerara cuáles considera que han sido los avances trascendentales de este año en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La secretaria de la Función Pública Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez mencionó, entre otros temas, las evaluaciones y revisiones que se han hecho en los últimos meses a la aplicación de recursos como, por ejemplo, los que están contemplados en el FONE, el FASSA, el Fondo Metropolitano y los programas asistenciales sociales de apoyo a la población.
En total, en éstos, se detectaron 25 aspectos susceptibles de mejora como los mecanismos para medir la satisfacción de los beneficiarios, los manuales de procedimientos, la corrección de las matrices de indicadores o las herramientas de contraloría social.
También dijo que con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas se han abierto 82 procedimientos de responsabilidades que involucran a 147 servidores públicos y a 4 particulares, y los cuales se dividen en 51 faltas graves y 31 consideradas no graves.
De este total, agregó la funcionaria, hay 33 procedimientos que siguen en trámite, otros 19 que han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y 30 han sido resueltos, 10 de ellos con sanciones en contra de 15 funcionarios que han recibido desde amonestaciones públicas hasta la suspensión del empleo, el cargo o la comisión.
