Zacatecas, Zac.- Con casi 60 suicidios registrados en lo que va del año y colocándose como la décima entidad con mayor número de casos, en Zacatecas es urgente que exista una política pública integral que prevenga, impida y evite el suicidio.
Ante la necesidad de actuar en contra de este problema, enmarcado en la crisis actual de salud mental que ha reconocido que existe la propia Organización Mundial de la Salud y que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19, la LXIII Legislatura hizo un llamado a las autoridades estatales para que se enfoquen en su atención.
Mediante un punto de acuerdo, propuesto por la diputada Mónica Borrego Estrada, las y los diputados exhortaron al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que instruya al secretario de Salud Gilberto Breña Cantú para que se implemente un programa efectivo de prevención del suicidio y de atención a las enfermedades mentales de la población.
En el documento aprobado se refiere que este 2020 la depresión será la segunda causa de incapacidad en el mundo pero la primera en los países en vías de desarrollo como México. En este sentido, se advirtió que la depresión, en conjunto con la ansiedad y el estrés, además de otros factores psicológicos, sociológicos, económicos y ambientales, detona la comisión de suicidios.
Las cifras que reporta Zacatecas en materia de suicidios durante este año y el hecho de que ésta sea la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años provocan que la situación actual pueda considerarse como “una tragedia (…). Una llamada dramática de atención que nos indica que algo muy grave está sucediendo en nuestra sociedad y que tenemos que actuar con efectividad y celeridad”.
Las y los diputados buscan que se mantenga el fondo de apoyo para los ex braceros
Ante la discusión en el Senado de la República de la minuta que desaparece más de 100 fideicomisos en el país, las y los legisladores de la LXIII Legislatura de Zacatecas hicieron un llamado a los senadores para que desechen cualquier propuesta que elimine concretamente el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, es decir, para los Ex Braceros.
La diputada Lizbeth Márquez Álvarez presentó esta iniciativa que fue aprobada por el Pleno y la sustentó en la necesidad de que se cumpla con un compromiso hecho por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el año 2018 respecto a saldar la deuda que se tiene con este grupo social ya que el dinero que se les debe no es una dádiva sino un derecho que se ganaron con años de trabajo.
Recordó que cerca de 5 millones de mexicanos fueron legalmente a Estados Unidos a trabajar en el periodo de 1942 a 1964 como parte de un intercambio en el que realizaron trabajos no sólo relacionados con la guerra sino con el sector ferroviario y el agrícola.
En el acuerdo entre ambos países se estableció la condición de que un 10 por ciento de su salario sería descontado y destinado a un fondo de ahorro que finalmente fue concentrado en el Banco Nacional de Crédito Agrícola de México.
No obstante, en el punto de acuerdo se destaca que este dinero nunca les fue devuelto y fue después de muchos años de lucha cuando en 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el cual funcionó correctamente hasta 2012, año en el que se señaló que los fondos se habían agotado.
En 2015, nuevamente, se asignó una partida presupuestal para poder cumplir con los objetivos de este fondo pero, con la desaparición de los fideicomisos, ésta se encuentra en riesgo y, por ello, las y los diputados aprobaron este exhorto con la finalidad de que este recurso para los ex braceros se mantenga dentro del presupuesto del próximo año.
Exhortan a reabrir el Museo de las Migraciones en el Centro de Convenciones
Con el objetivo de que se reabra el Museo de las Migraciones en el Centro de Convenciones de Zacatecas, la LXIII Legislatura hizo un llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que se tomen las acciones necesarias para rescatar este espacio que fue creado en 2009 pero que dos años después se cerró al público.
El diputado Javier Calzada Vázquez leyó esta iniciativa que fue considerada urgente y aprobada por unanimidad de la Asamblea. En el documento, el legislador recuerda que fue en el mes de septiembre de 2009 cuando la ex gobernadora Amalia García Medina inauguró este espacio en la planta alta del Palacio de Convenciones con más de 600 objetos y obras que fueron donadas por 35 instituciones del país, provenientes tanto de colecciones públicas como privadas.
Entre las más destacadas, sostuvo, estaban el Museo Nacional de Historia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Museo Franz Mayer, el Museo Soumaya, el Museo de Historia Mexicana y el Museo Rafael Coronel, entre otros.
En el punto de acuerdo se resalta que este espacio fue cerrado dos años después de su apertura, tras el cambio de administración gubernamental, sus piezas fueron devueltas a los donadores y las instalaciones quedaron en el abandono bajo el pretexto “de la poca afluencia o del costo del seguro de las piezas resguardadas”, que fueron los argumentos dados por el gobierno encabezado por Miguel Alonso Reyes.
Las y los diputados indicaron que esta determinación del cierre se tomó sin haber analizado antes los motivos de la baja afluencia y tratar de promover el incremento de visitantes.
Además, consideraron que en estos momentos se está en el tiempo adecuado para prever los recursos que requeriría la reapertura del museo ya que se está en el proceso de conformación del paquete económico de 2021.
Por ello, aprobaron hacer este llamado para que el gobierno de Alejandro Tello tome las acciones necesarias para reabrir este espacio, el cual apuntaron que igualmente debería estar en el Centro de Convenciones “no sólo porque resulta ser idóneo para el cumplimiento del objetivo del Museo, sino porque puede convertirse en un aliciente para recuperar el justo valor del inmueble”.
Garantizar el establecimiento y la conservación de áreas verdes en las ciudades
Para garantizar que las ciudades del estado tengan áreas verdes suficientes para cumplir con la visión urbana ambiental actual y obtener los beneficios que aporta la vegetación en el entorno de las personas, la diputada Susana Rodríguez Márquez presentó la iniciativa de Ley de Cuidado, Conservación y Protección del Árbol en el estado.
La legisladora destacó que esta propuesta tiene como objetivo resaltar la importancia del manejo adecuado de la vegetación, así como normar el cuidado, manejo y mantenimiento de las áreas verdes. Esto se pretende a través de cinco títulos que incluyen desde las disposiciones generales, la distribución de competencias, los derechos y obligaciones de los ciudadanos hasta la conservación y protección de las áreas verdes urbanas y las prohibiciones y sanciones tanto para la sociedad como para los servidores públicos.
Acortar las brechas de desarrollo por cuestiones de género
Por su parte, la diputada María Edelmira Hernández Perea propuso modificar los artículos 6 y 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado con la finalidad de continuar acortando las brechas de desarrollo por cuestión de género en la entidad.
Asimismo, se busca sentar las bases normativas que permitan estudiar, entender, responder y superar la opresión, discriminación y segregación estructural desde un enfoque de justicia distributiva y transformadora. Con este último elemento que se trata de potenciar con la iniciativa, la legisladora resaltó que se quiere impulsar la implementación de políticas públicas que partan de un análisis certero de las causas de las desigualdades y no se elaboren desde la frialdad de un escritorio.
Priorizar a población vulnerable en los apoyos sociales
Actualmente la legislación en Zacatecas sólo tiene en cuenta el factor de la pobreza como el prioritario para proporcionar a un ciudadano apoyos sociales desde las instancias gubernamentales. No obstante, el diputado José María González Nava sostuvo que éste no es el único elemento que genera vulnerabilidad y por ello propuso agregar dos fracciones al artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social del estado y sus municipios.
Los cambios planean establecer como prioritarios para los apoyos sociales a los grupos “vulnerables” y no a los que se encuentran en pobreza únicamente, ya que con esta reforma se incluiría a quienes están en condiciones de vulnerabilidad por tener carencias sociales o pertenecer a algún grupo en condiciones de exclusión o marginación.
Incrementar las penas en el delito de extorsión
Frente al incremento del delito de extorsión en Zacatecas, la diputada Navidad Rayas Ochoa propuso reformar al Código Penal del estado para incrementar la pena de este delito, para que sea entre 3 y 14 años de prisión y una multa de 100 a 200 cuotas, en algunos supuestos como, por ejemplo, cuando se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero u objeto, cuando se cometa contra un menor de edad, mujer o adultos mayores, y se emplee violencia física y/o psicológica.
También busca un aumento en la sanción en el caso de que sea cometido por personas que estén en algún centro de reinserción social, además de que se trata de determinar la posibilidad de investigación cuando tan sólo se trate de un intento de extorsión, es decir, que no llegue a consumarse propiamente el delito.
Lineamientos para el Programa Estatal Especial Concurrente
El diputado Armando Perales Gándara leyó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del estado para que se contemplen lineamientos definidos dentro del Programa Estatal Especial Concurrente para lograr que cumpla verdaderamente con sus objetivos.
Entre las acciones que con la modificación se establecen en la ley como posibles destinatarias de estos recursos están las actividades económicas de la sociedad rural, la educación para el desarrollo rural sustentable, la salud y alimentación para el desarrollo rural sustentable, la equidad de género, el cuidado del medio ambiente, la seguridad en la tenencia y disposición de la tierra, la promoción del empleo productivo y el impulso a programas orientados a la paz, entre otros.
Sancionar el incumplimiento de normas sanitarias en los rastros
Más del 50 por ciento de los rastros municipales en México incumplen las normas sanitarias respecto al sacrificio de ganado, de acuerdo a un estudio elaborado por la Organización internacional “Igualdad animal”.
Estos datos se vuelven más preocupantes a nivel estatal, dijo el diputado Armando Perales Gándara, ya que los responsables de estas instalaciones en Zacatecas han reconocido que sólo el 10 por ciento de ellas tienen cámaras de congelamiento y las acciones de vigilancia por parte de las autoridades no son adecuadas lo que provoca riesgos para la población al no ser óptimas las condiciones de estos productos para el consumo humano.
Es por ello que el legislador propuso reformar el Código Penal de la entidad para aumentar las sanciones a quien o quienes no cumplan con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y, asimismo, vulneren la salud pública de la población de Zacatecas. Esta iniciativa, además, busca garantizar una muerte digna para los animales utilizados para abasto de alimentos.
Elaborar el testamento a través de medios digitales
Los diputados Héctor Menchaca Medrano, Jesús Padilla Estrada y Gabriela Pinedo Morales presentaron una iniciativa para reformar el Código Civil del estado con el objetivo de incluir el uso de las tecnologías en los trámites de elaboración del testamento en situaciones de emergencia como la actual provocada por la pandemia del Covid-19.
Concretamente, se busca establecer que “en caso de que la persona testadora o alguno de los testigos se encuentren imposibilitados por una enfermedad o se encuentren en peligro tan violento y grave que no dé tiempo para que haga testamento en físico, el testador emitirá su última voluntad a través de medios digitales”.
El testamento digital tendrá efectos legales solo si el testador fallece y, una vez que hayan pasado 30 días naturales desde el término de la causa o enfermedad que puso en riesgo su vida, este documento perderá su vigencia.
Mejorar los perfiles de los comisionados del IZAI
Con la finalidad de garantizar que quienes ocupen los puestos de comisionados en el Instituto Zacatecano de Transparencia sean los mejores perfiles y se logre su autonomía, el diputado Omar Carrera Pérez planteó una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.
Resaltó, en este sentido, que es “es menester, que quienes se encuentran al frente de organismos garantes de derechos humanos constitucionales como lo es el acceso a la información y dada la complejidad de sus funciones, los funcionarios tengan conocimientos previos a su designación, de igual forma, que cuenten con una reputación profesional y trayectoria destacadas”.
En concreto, expuso que la modificación busca que sea necesario en el proceso de designación de estos cargos realizar una “amplia consulta a la sociedad” para que la decisión de los integrantes de la comisión legislativa de Transparencia y Protección de Datos Personales sea la correcta.
Información accesible para una correcta planificación familiar
La planificación familiar es la capacidad de decidir cuándo y con qué frecuencia se tienen hijos y es un derecho para el que es fundamental la información y asesoría de las autoridades. Por ello, la diputada Karla Valdez Espinoza propuso reformar la Ley de Salud del estado para que contenga las bases para una política de salud sexual y reproductiva eficaz y eficiente.
El objetivo, agregó, es que la población pueda tener acceso a información veraz que sirva de apoyo para su planificación, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, con el objeto de que los embarazos se desarrollen de forma adecuada, con un parto sin riesgos y tengan como consecuencia un bebé sano.
Donación y comodato de terrenos en municipios
Este martes se leyeron dos dictámenes relacionados con la donación o la entrega en comodato de dos terrenos en los municipios de Tabasco y Jerez.
En el primero de los casos se le autorizaría al gobierno de Tabasco a enajenar bajo la modalidad de donación a favor del ciudadano Jorge Leandro Yañez un inmueble ubicado en la Colonia El Refugio, en la calle Felipe Ángeles.
Mientras tanto, se propone autorizar al ayuntamiento de Jerez para que firme un contrato de comodato por 30 años con la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de que esta institución pueda hacer uso de un inmueble de 10 mil 121 metros cuadrados ubicado en el punto denominado “Lo de Taura” en el Rancho El Montecillo. La finalidad de este espacio será albergar a los elementos de la Guardia Nacional.
Escuela Normal Rural de San Marcos, en letras doradas
Otro de los dictámenes presentados este martes en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura fue el relativo a la inscripción en letras doradas en el Muro de Honor del recinto legislativo del nombre de la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos de San Marcos.
La iniciativa fue presentada por la diputada Carolina Dávila Ramírez y el dictamen a favor de la propuesta fue elaborado por la comisión legislativa de Desarrollo Cultural.
Para conformar el documento que será votado por las y los diputados, los integrantes de este órgano de la legislatura recordaron que se solicitó la opinión técnico-histórica del cronista del estado Manuel González Ramírez y del doctor José Enciso Contreras.
La conclusión del dictamen establece que la comisión dictaminadora “coincide con el contenido y argumentos relativos a la propuesta de inscribir con letras doradas el nombre de la Escuela Normal Rural ‘Gral. Matías Ramos Santos’, de San Marcos en Loreto. Sus méritos históricos y aportaciones a la educación en nuestro estado la convierten una institución educativa consolidada en la historia de Zacatecas”.
Lectura de cuentas públicas
Este martes se leyeron los dictámenes relativos a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Legislativo, el Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI), la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), la Fiscalía General de Justicia, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el gobierno del estado.
En el Poder Legislativo la revisión de la cuenta pública concluyó con cuatro acciones promovidas de las cuales dos fueron solventadas, quedando vigentes dos acciones de seguimiento en ejercicios posteriores. En el caso del IZAI se determinó una recomendación que fue solventada mientras que en la cuenta pública 2018 de la CDHEZ no se estableció ninguna acción.
En cuanto a la Fiscalía General de Justicia se determinaron en un inicio seis acciones entre recomendaciones y seguimientos en ejercicios posteriores, quedando sin solventar hasta el momento tres de ellas, correspondientes a los seguimientos.
Por su parte, en la revisión a la Universidad Autónoma de Zacatecas se iniciaron nueve acciones entre recomendaciones y seguimientos, quedando todas ellas hasta ahora sin solventación.
El informe de la cuenta pública del gobierno del estado es el único que incluye entre las acciones promovidas, además de recomendaciones y seguimientos en ejercicios posteriores, la Integración de Expedientes de Investigación, algunos de ellos con presuntos daños patrimoniales.
En total, se establecen 39 expedientes de investigación derivados de observaciones que presuntamente implican un daño patrimonial de 113 millones 894 mil 429.28 pesos, hay otros 13 expedientes de este tipo que no conllevarían daño patrimonial, además de una acción de promoción ante el Servicio de Administración Tributaria, 45 acciones de recomendación y 105 acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.
En el desglose de los expedientes que implican daño patrimonial se enumeran como dependencias señaladas a la Secretaría de Administración con un monto de 1 millón 22 mil 296.20 pesos, la Secretaría de Economía con 7 millones 457 mil 817.06 pesos, la Secretaría de Obras Públicas con 2 millones 186 mil 624.21 pesos y la Secretaría de Educación con 34 millones 550 mil 791.72 pesos.
También están la Secretaría de Desarrollo Social con 489 mil 957.98 pesos, la Secretaría del Campo con 3 millones 628 mil 196 pesos y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente con 21 millones 575 mil 384.55 pesos.
En los asuntos generales de la sesión de este martes subieron a tribuna los diputados Armando Perales Gándara con el tema “Segalmex”, Jesús Padilla Estrada con el tema “Dos reflexiones” y el legislador Omar Carrera Pérez con el tema “Covid”. Una vez concluido el orden del día se citó a las y los diputados el próximo jueves, 22 de octubre, a las 11 de la mañana para la siguiente sesión ordinaria.
