Cieneguillas, Zac.- Minutos antes de las 13 horas de este jueves, docenas de internos del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, demandaban mantener un diálogo con autoridades penitenciarias en respuesta por la prohibición del ingreso de sus seres queridos como medida de prevención ante la contingencia de salud que priva en nuestro estado.

Esta situación provocó la movilización de docenas de uniformados de los tres órdenes de gobierno que asistieron como respuesta inmediata pues se temía que era un amotinamiento al interior del centro penitenciario.

Autoridades sanitarias tomaron la medida del no ingreso de los familiares de los internos como medida de prevención para evitar contagios dentro de la misma población, y personal que labora en estos lugares.

La suspensión es temporal con el único afán de evitar que el Covid- 19 se siga propagando en la entidad.

Es importante señalar que no fue necesario el uso de la fuerza por parte de los uniformados que ingresaron con equipo antimotines al lugar y momentos después salir de manera pacífica. 

Zacatecas, Zac. Durante estas semanas, todos hemos vivido de manera muy intensa y dramática la pandemia del Covid-19. Esta emergencia ha impactado a todos los órdenes de la vida y ha dejado claro que todas las personas, estamos expuestas y somos vulnerables ante este virus. Sin embargo, la persistencia de las brechas de desigualdad social y de salud de la población de Zacatecas, pone en especial estado de indefensión a ciertos grupos poblacionales y a otros casi los invisibiliza, un claro ejemplo de ello, en estos momentos, son las mujeres embarazadas, en proceso de parto, puerperio y a los recién nacidos. A ellos, sin lugar a duda, se les debe también brindar la atención médica debida, en el entendido de que el derecho a la salud es un derecho fundamental e irrenunciable.

Dado el escenario epidemiológico en el que nos encontramos, con presencia de transmisión comunitaria y reconociendo las estimaciones de casos asintomáticos, no podemos establecer unidades ni sectores libres de Covid-19. Especial atención merece el hecho de que, de acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para el periodo de abril a junio del año en curso, se estima la ocurrencia de cerca de 260 mil eventos obstétricos en el país; 235 mil nacimientos y 25 mil abortos. Además, se otorgarían alrededor de un millón 150 mil consultas de control prenatal y casi 200 mil consultas durante el puerperio.

Adicional a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud integró la misión conjunta para el análisis de casos de Covid-19 y su impacto en los resultados obstétricos y perinatales. En un primer corte a principios de marzo, reportó la

investigación de 304 mil 147 mujeres embarazadas, con 64 casos confirmados, 82 sospechosos y un caso que cursó infección asintomática. Del total de confirmados, 8% tuvieron enfermedad grave y 1% se reportó en estado crítico.

Todas las mujeres embarazadas, especialmente de Zacatecas, con sospecha o diagnóstico confirmado, incluso quienes se encuentren en aislamiento domiciliario, deben tener acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal, anticoncepción post evento obstétrico, prevención y atención de la violencia, así como apoyo psicosocial o en salud mental, según se requiera.

Por eso, hago un atento y respetuoso llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, de manera particular a las clínicas del IMSS, del ISSSTE, y a todos los servicios de salud de la entidad, para que en el marco de este esfuerzo titánico que están haciendo, refuercen la coordinación intersectorial e interinstitucional para planear, monitorear, intervenir y atender a las mujeres embarazadas, en labor de parto, en proceso de puerperio y a los recién nacidos de la entidad, en cuando menos los siguientes aspectos:

• Garantizar el acceso a la información clara y veraz para la toma de decisiones en el marco de los derechos sexuales y reproductivos;

• Seguir extremando las precauciones y medidas de sana distancia;

• Reforzar el equipo de protección para el personal de salud;

• Establecer y reforzar los filtros de supervisión para la identificación de personas con síntomas respiratorios al ingreso de los centros de salud;

• Facilitar la identificación de las unidades del primer nivel de atención que cuenten con espacios para la atención prenatal y obstétrica;

• Habilitar establecimientos alternos y exclusivos para la atención materna y perinatal;

• Agilizar la incorporación de personal de salud dedicado a la atención obstétrica, incluyendo la enfermería obstétrica y la partería profesional;

• Establecer las modificaciones temporales en los estándares de atención a la salud reproductiva, considerando el escenario epidemiológico y el riesgo de cada mujer;

• Valorar la conformación de un equipo de atención obstétrica y neonatal disponible por llamada telefónica, que pueda trasladarse para la atención de mujeres en estado crítico en hospitales de reconversión que no cuentan con equipos para la resolución del evento obstétrico;

• Definir e implementar el mecanismo de notificación y vigilancia epidemiológica; y,

• Habilitar espacios físicos adicionales como centros de salud, unidades de medio camino, centros de salud ampliados, clínicas comunitarias y casas maternas, los cuales serán exclusivamente para la atención obstétrica en casos de bajo riesgo, sin síntomas respiratorios.

La atención durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, deben clasificarse y considerarse como servicios esenciales, y en ello, el balance entre tiempo y recursos para mantener la oportunidad de acción, es crucial.

Zacatecas, Zac.- Con el fin de garantizar el acceso a toda la población a los juicios de amparo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso modificaciones al Artículo 107 Constitucional, particularmente cuando se trate de violaciones a los Derechos Humanos.

En una iniciativa inscrita en la Gaceta del Senado, la fracción parlamentaria liderada por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, pretende eliminar barreras discriminatorias que impiden la ejecución de los juicios de amparo.

El documento señala que actualmente, este instrumento jurídico es utilizado por las personas con mayores capacidades económicas, mientras se excluye de su ejercicio a grandes sectores de la población.

“Como lo señaló la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, el juicio de amparo debe reformarse, ya que se excluye a grandes sectores de la población, debido a un procedimiento muy técnico, burocrático, especializado y costoso”, explica la legisladora por Zacatecas.

En este sentido, se propone que los juicios de amparo se rijan bajo los principios de accesibilidad e inclusión, además, que sean expeditos, es decir, de fácil acceso y trámite para la población en general.

La iniciativa va encaminada a facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus equivalentes en cada estado de la República para que puedan tramitar el juicio de amparo en representación de la víctima.

En el mismo sentido, el documento detalla que el Estado deberá garantizar el seguimiento de los juicios de amparo hasta que se emita la sentencia.

En caso de que dicho juicio sea por violaciones graves a los derechos humanos, Geovanna Bañuelos propone que el plazo para emitir una resolución no supere los 10 días.

Por último, la iniciativa busca que las sentencias sean concisas y comprensibles para toda la población.

Zacatecas.- En el municipio de Jerez, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a un hombre por contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que los constantes operativos de las corporaciones de seguridad en el territorio estatal, como parte de la estrategia gubernamental, permiten la obtención de resultados que fortalecen la tranquilidad y la paz social.

Detalló que la detención se concretó cuando efectivos de la PEP se encontraban instalados en un filtro de revisión en la carretera estatal crucero Jerez-Huejucar, pasaron a revisión una camioneta de la marca Ford – Ranger, color blanco, con placas de circulación del estado de Zacatecas.

Aunque no se encontró ninguna irregularidad ni objetos constitutivitos de delito, al consultar los generales del conductor en el Sistema de Plataforma México, quien se identificó como Ricardo N., de 27 años de edad, se detectó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

Por lo anterior se procedió con el aseguramiento del masculino, para ser puesto a disposición de la autoridad competente.

Zacatecas.- En el Municipio de Fresnillo, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a dos personas a quienes les aseguraron un arma de fuego corta.

Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública, aseguró que las acciones de las instancias estatales en Fresnillo, forman parte de la Estrategia de Seguridad ordenada por el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, a fin de fortalecer la coordinación con la autoridad municipal en beneficio de la seguridad de las y los zacatecanos.

El funcionario estatal explicó que los policías estatales se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la cabecera municipal de Fresnillo, cuando al circular sobre la calle División del Norte de la colonia Emiliano Zapata, observaron un vehículo en color negro el cual era tripulado por dos personas del sexo masculino, el conductor al notar la presencia policial, aumentó la velocidad.

Sin perderlos de vista los policías les dieron seguimiento, logrando darles alcance sobre la calle Nochistlán, punto en el que les solicitaron que descendieran de la unidad y les permitieran realizarles una revisión.

Tras descender de la unidad, las dos personas se identificaron como Mauro N., de 20 años de edad y José Guadalupe N., de 21 años, a quienes tras la inspección se les encontró en posesión de un arma de fuego corta tipo pistola, calibre 25 milímetros, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, por tal motivo fueron asegurados y junto con el arma, puestos a disposición del Ministerio Público Federal.