Cuestionamientos de las y los diputados
Raúl Ulloa Guzmán
El legislador preguntó sobre el procedimiento de licitación que se desahoga por parte del gobierno; qué mecanismos de vigilancia y control se llevan a cabo para simplificar y modernizar la contratación de servicios, cuestionó. Derivado de auditorías de la dependencia del ramo a nivel federal, ¿qué monto se observó a Zacatecas y qué mecanismos se han implementado en la entidad para disminuir el número de observaciones? Fueron otras preguntas. Sobre Milpillas y la Feria Nacional de Zacatecas, también hizo algunos cuestionamientos, solicitando conocer cuál es la función de la Secretaría y las observaciones que se han hecho.
Lizbeth Márquez Álvarez
Preguntó si existe alguna denuncia sobre presunta corrupción en el programa 3 por uno, y en quiénes recaen las responsabilidades ¿en los migrantes?; además cuestionó sobre la denominada Estafa Maestra, solicitó se dé a conocer si hay responsables en Zacatecas.
Alma Gloria Dávila
Cuestionó qué es lo que existe referente a las auditorías al ISSSTEZAC y hasta donde se ha avanzado. Sobre los programas auditados pidió conocer los proyectos regionales y los de educación media superior. Relató que de manera conjunta se han trabajado algunos temas entre la Función Pública y la Legislatura, específicamente en asuntos de trabajadores que desempeñan plaza en el gobierno federal y en el municipal, así como algunos casos de nepotismo, pero preguntó hasta dónde se avanzará y hasta dónde intervienen en la autonomía municipal.
Edgar Viramontes Cárdenas
Consideró que la tarea no es sencilla y el combate a la corrupción es una de las asignaturas pendientes, no se trata sólo de castigar, sino también de prevenir; ya causado el daño es difícil resarcirlo, destacó. Preguntó si no se ha informado de manera oficial de las inhabilitaciones que ha habido en el Estado.
Gabriela Pinedo Morales
Hace más de un mes la Secretaría de la Función Pública Federal publicó su informe de labores, pero la única mención que se hace de Zacatecas es para alarmar, señaló la legisladora. Se habla de auditorías a los gobiernos estatales y salvo Querétaro ningún Estado pudo comprobar el gasto que la federación les dio. Zacatecas se encontró dentro de las tres primeras que tenían que devolver más dinero. Preguntó cuánto recurso finalmente se pudo comprobar, cuánto se deberá devolver, cuántos procedimientos se establecieron y a qué funcionarios. Además habló de las dobles plazas que se detectaron. Preguntó qué pasó con ese caso, porque es humanamente imposible que una sola persona cumpla con dos tiempos completos ¿cuáles fueron los resultados? También requirió datos sobre el asunto de Milpillas.
Dolores Hernández Escareño
Abordó el tema de la modificación en el padrón de registro de proveedores contratistas, detallando que para quienes desean acceder, se les pide experiencia técnica y certificación, pero para sacar estos trámites y meterse a licitaciones públicas, ya sean municipales o estatales, tardan de 3 a 4 meses, ante esto, el legislador preguntó por qué no se simplifican los trámites. Sentenció además, que para la expedición de cédulas es lo mismo para empresas de nueva creación.
Por otra parte, el legislador cuestionó lo expuesto por la funcionaria respecto a la supervisión de obras; pidió trato parejo para todos los contratistas, ya que dijo sólo con algunos son muy estrictos.
Eduardo Rodríguez Ferrer
Reconoció la labor de la secretaria, ya que dijo no es fácil desempeñar su tarea, pues se necesita un amplio conocimiento del servicio público. Señaló que dentro del informe se expone que hubo particulares sancionados, sin embargo, es mucha la diferencia en los señalamientos de actos de corrupción entre particulares y funcionarios. Preguntó cuáles son las impresiones de la funcionaria sobre al nuevo producto legislativo avalado por esta Asamblea, en referencia a la nueva Ley de Adquisiciones. Sobre el tema Milpillas y la FENAZA, cuestionó si están auditadas por la federación, ¿se puede realizar auditoría sobre auditoría? En lo que respecta al periodo 2019, preguntó cuándo comenzara la revisión de la FENAZA.
Luis Esparza Olivares
Celebró que el gobernador del Estado le apueste a la transparencia y a la rendición de cuentas. Mencionó que en el 2017, la entonces PGJEZ realizó una compra por más de 10 millones de pesos de un georeferenciador que nunca sirvió para nada, y esas acciones hablan de impunidad y daño al erario público; preguntó qué se ha hecho al respecto y si fueron aplicadas sanciones.
Héctor Adrián Menchaca Medrano
“Los actuales instrumentos de control de los servidores públicos no bastan para detener la corrupción” expresó el legislador, quien detalló el significado de la ética como virtud y capacidad de hacer lo correcto. Hizo las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la evaluación en el rubro presupuestario de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué dependencia de las evaluadas presentan deficiencias en la aplicación de los recursos públicos? ¿En este periodo 2019, se han generado o presentado ante la Fiscalía alguna denuncia contra servidores públicos que constituya responsabilidad penal? Finalmente, el diputado hizo entrega de una solicitud para que se le haga llegar en físico o electrónico, las auditorías realizadas por la Secretaria de la Función Pública.
Ma. Edelmira Hernández Perea
La diputada señaló que de conformidad con el tercer informe de gobierno, queda claro que para esta administración ha sido prioritario disminuir los índices de impunidad y corrupción, a través de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción. Calificó como de especial relevancia que se haya suscrito el acuerdo de coordinación y materia de control interno, fiscalización, prevención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental. Hasta el momento se han signado 22 acuerdos con ayuntamientos, pero siendo 58 los municipios de Zacatecas, quiere decir que menos del 40 por ciento han sido formalizados. Preguntó qué avances se tienen y cuáles son las razones por las que no se ha llegado a acuerdo con la totalidad de los municipios. Refirió que en el informe del gobernador, se destaca que la supervisión de la obra pública es de gran importancia para detectar actos fuera de la legalidad y omisiones; cuestionó de qué obras derivan de las observaciones que a la fecha no han sido solventadas. Por último solicitó un informe sobre la revisión que se ha hecho o está haciendo al proyecto de la presa Milpillas.
Omar Carrera Pérez
Dijo que la constante de los 3 informes ha sido la presentación de resultados administrativos, pero no hay resultados contundentes en la lucha contra la corrupción. 95 mil millones de pesos se han manejado en tres años y son muy pocas las sanciones. Agregó que quienes se han inhabilitado, luego de ampararse han ganado por deficiencias en los procedimientos, o ¿cuál es el motivo? Cuestionó. Sobre las auditorías a la feria en 2017 y 2018, qué pasó con los resultados, requirió el legislador. Los titulares de los Órganos de Control, ¿no están siendo designados a modo? ¿Cuánto ha crecido la plantilla laboral de la Secretaría? Fueron otras de sus preguntas. Agregó que se ha dado cuenta que los funcionarios siguen llevándose los vehículos oficiales a su casa, preguntó por qué se les permite. También inquirió datos respecto a si hay bonos que se otorguen en la dependencia y quién los consciente. Expresó que la Secretaría no debe convertirse en una agencia donde no hay castigo de nada, la gente está molesta porque no hay combate a la corrupción. Concluyó preguntando qué Secretaría tiene más quejas, cuál es el número de funcionarios que actualmente están siendo investigados y cuál es la consecuencia legal que se tendrá y en qué tiempo.
Ma. Isabel Trujillo Meza
Sobre las más de mil quejas y denuncias que se recibieron en la Secretaría de la Función Pública, ¿realmente se da atención al respecto? ¿Qué se ha logrado? Preguntó la legisladora.
Navidad Rayas Ochoa
Reconoció la disposición de la funcionaria y de su equipo por trabajar de la mano con la Comisión de Justicia de esta legislatura, sobre todo en las reformas hechas al Código Penal. Por otra parte, dijo que hay un subejercicio terrible de los programas federales. Hasta el momento, según Finanzas, es porqué Educación no acelera las adquisiciones; se tiene un subejercicio del 58 por ciento y ya casi concluye el año fiscal. La Secretaría de Educación, añadió, no siguió los procesos de licitación en todos los arrendamientos hechos este año para las oficinas que descentralizó y peor aún, los arrendadores no están en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado. Preguntó a cuántas auditorías ya no se les pudo hacer un procedimiento porque prescribieron por inactividad o impulso procesal y cuántos procedimientos ya iniciados prescribieron; ¿cuántos funcionarios fueron sancionados y cuentan con una firme resolución? ¿Cuántos fueron por incumplimiento de la declaración de situación patrimonial? También cuestionó cuál es la utilidad del Órgano Interno de Control de la SEDUZAC y si se siguen otorgando bases a familiares de trabajadores de esa dependencia. En el COBAEZ, dijo, se reinstaló con salarios caídos a una contadora que había sido inhabilitada, pidió se informe qué sucedió.
José María González Nava
El legislador hizo los siguientes cuestionamientos: ¿Qué estrategia se está tomando para disminuir los montos observados por la Secretaría de la Función Pública Federal? ¿Qué medida se está implementando para mantener firme la inhabilitación a funcionarios ante las instancias jurídicas? ¿Cómo inciden los despachos externos en el control y ejercicio de los recursos públicos por los entes auditables? ¿Qué porcentaje de denuncias ciudadanas son atendidas y cuál es el seguimiento y las facultades para llegar a las últimas consecuencias? ¿Qué acciones se realizan para promover la participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos?
Pedro Martínez Flores
Señaló que la falta de confianza en las instituciones ha crecido por la falta de resultados a la sociedad. Dio a conocer que en julio se publicaron en redes sociales varias denuncias en contra de servidores públicos del sector salud por presuntas compras amañadas, y preguntó qué ha pasado con esas investigaciones, en qué etapa van. También externó que las primeras sanciones emitidas fueron para funcionarios de salud, pero los señalamientos siguen y no se sabe si ya inició procedimientos; ¿se hará o se protegerá al doctor Breña y a quienes han sido sus coordinadores administrativos? Cuestionó.
Karla Valdez Espinoza
Las preguntas concluyeron en voz de la diputada Karla Valdez, quien reconoció que la Secretaría tiene una responsabilidad enorme en el control y vigilancia del recurso público. Solicitó a la funcionaria revelar por qué en la administración pasada solo fueron inhabilitados algunos funcionarios mientras otros no bajo el argumento de que se encontraban en proceso de solventación. ¿Quiénes son los inhabilitados? Inquirió. También pidió se dé a conocer la razón por la que los actuales funcionarios que tienen observaciones aún no han sido sancionados.
“Ante los estragos de una corrupción que se ha infiltrado en todos los órdenes de gobierno, y en la interacción de estos con el ámbito privado, la sociedad se ha vuelto desconfiada y también demandante de más y mejores servicios, así como de un comportamiento escrupuloso y eficaz de los servidores públicos”. Lo anterior fue expresado por la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, durante su comparecencia ante el Pleno de la LXIII Legislatura. Agregó que la tarea que se realiza desde esta dependencia es fundamental por las estrategias, políticas, acciones y programas que se deben implementar de manera transversal para coadyuvar en el combate a la corrupción y a mejorar la gestión pública. Dijo que la impunidad es uno de los factores que ha potenciado la corrupción y que ha provocado la indignación de la sociedad; por ello se busca detectar y sancionar conductas que atentan contra los derechos de los ciudadanos así como el uso indebido de recursos públicos. Detalló que 57 auditorías se han hecho en 10 ayuntamientos y 47 dependencias, verificando la correcta aplicación de más de mil millones de pesos de gasto público.
