Ciudad de México.– En atención a medios de comunicación, el diputado federal Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, celebró la aprobación en el Senado del dictamen que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacando que se trata de uno de los cambios más trascendentes en el sistema jurídico mexicano en los últimos años.
“El juicio de amparo ha sido pieza central en la protección de los derechos fundamentales desde 1917, pero con el tiempo mostró limitaciones: suspensiones que se utilizan para frenar políticas públicas, ampliaciones de demanda sin sustento real, plazos excesivos y la falta de reglas claras para la era digital. Esta reforma busca corregir esas deficiencias con una visión integral que coloca en el centro a las personas y al interés social”, señaló el legislador.
Mejía Haro explicó que uno de los avances más relevantes es la precisión del interés legítimo, que ahora deberá implicar una lesión real, actual y diferenciada, cerrando la puerta a litigios basados en pretensiones abstractas. “Con ello se fortalece el acceso a la justicia para quienes realmente enfrentan un daño, evitando abusos que solo retrasaban procesos o servían a intereses ajenos al bien común”, puntualizó.
Respecto a la suspensión de actos reclamados, destacó que el dictamen obliga a ponderar el interés social y el orden público frente al interés individual, lo que impide que se detengan indebidamente proyectos esenciales como el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el pago de la deuda pública o la ejecución de obras estratégicas de infraestructura. “Se protege al mismo tiempo el mínimo vital de las personas, garantizando que nadie quede sin acceso a su salario o pensión”, añadió.
El diputado subrayó también que la reforma incorpora plazos más claros para evitar dilaciones, sanciona prácticas dilatorias y establece la obligación de resolver en tiempos definidos, fortaleciendo el principio constitucional de justicia pronta y expedita. Además, resaltó la innovación del amparo digital: “Por primera vez se reconoce la validez de las promociones electrónicas, la firma digital y los expedientes en línea. Esto no solo reducirá trámites físicos, sino que ampliará el acceso a la justicia a personas que enfrentan barreras de distancia o movilidad”, explicó.
Otro de los puntos destacados es la claridad en el cumplimiento de sentencias. “Se establece que, en casos de imposibilidad material o jurídica, las autoridades puedan acreditarlo de manera fundada, evitando sanciones injustas y otorgando certeza tanto a la ciudadanía como a las instituciones”, apuntó.
En el terreno fiscal, explicó que la reforma cierra la puerta a recursos que se utilizaban históricamente para retrasar el pago de créditos fiscales firmes, algunos de los cuales podían prolongarse por una década. “Al armonizar la Ley de Amparo con el Código Fiscal de la Federación, el Estado podrá recuperar ingresos de manera más eficaz y destinarlos al financiamiento de programas sociales y servicios públicos”, destacó.
Asimismo, comentó que el texto de la iniciativa propone cambios sustanciales como la reforma al artículo 3º, que reconoce la validez legal de la presentación de promociones en formato electrónico y obliga a que los expedientes electrónicos y físicos coincidan íntegramente. También subrayó las modificaciones a los artículos 128, 129 y 135, que incorporan causales de improcedencia en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y operaciones realizadas sin permisos vigentes. “Con esto evitamos que la figura de la suspensión se utilice como un escudo para prácticas ilícitas y se protege la estabilidad del sistema financiero y la seguridad del Estado”, agregó.
Finalmente, enfatizó que esta reforma alinea el marco jurídico mexicano con los compromisos internacionales de derechos humanos y con la Agenda 2030 de la ONU, que promueve instituciones sólidas e inclusivas.
“La próxima semana será la Cámara de Diputados, en su carácter de cámara revisora, la que discuta y en su caso apruebe este dictamen. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena defenderemos esta reforma que representa un paso decisivo hacia un sistema judicial renovado, más humano, ágil y accesible. La justicia debe ser un derecho tangible y no un privilegio”, concluyó.
