Ciudad de México.- La Cámara de Diputados se prepara para discutir la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el Ejecutivo Federal y promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el derecho a la información, democratizar el espectro radioeléctrico y cerrar la brecha digital en el país.
El diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que esta nueva legislación sustituirá el marco jurídico vigente y establecerá un sistema más justo, plural e incluyente, reconociendo la diversidad de medios y comunidades que integran el ecosistema comunicativo nacional.
Uno de los principales avances será la creación de una figura de concesión única, que reconoce distintos usos (comercial, público, social comunitario, indígena, afromexicano y genérico), pero con igualdad de derechos y obligaciones, eliminando barreras discriminatorias que han limitado históricamente el acceso al espectro.
Asimismo, se plantea por primera vez una legislación que otorga verdaderas oportunidades de desarrollo a las radios comunitarias, especialmente en pueblos originarios. Se propone un proceso de regularización simplificado, acceso a hasta el 20% de la publicidad oficial y ampliación del margen de anuncios comunitarios. Además, se les exentará del pago del ISR al no perseguir fines de lucro.
También se reconoce legalmente a las radios indígenas y afromexicanas, garantizando su autonomía cultural, lingüística y operativa. La iniciativa contempla un fondo compensatorio como acto de justicia histórica y la creación de una figura fiscal diferenciada: la persona tributaria comunitaria.
En materia de conectividad, la reforma responde a una realidad urgente: más de 15 millones de personas en México carecen de cobertura 4G, ya sea por falta de infraestructura o por limitaciones económicas. En este sentido, se busca replicar el modelo brasileño, permitiendo que concesionarios privados ofrezcan cobertura gratuita a cambio de derechos de espectro. Asimismo, se fortalecerá a CFE Internet para Todos, otorgándole mayores facultades para extender su presencia en regiones marginadas.
El proyecto también impulsa a los medios públicos, asegurando un financiamiento mixto y anual garantizado, sin injerencias editoriales. Se contempla la incorporación de consejos ciudadanos, defensorías de audiencias y códigos de ética, así como esquemas transparentes para colaboraciones internacionales.
Un punto relevante de la propuesta es la prohibición de transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros en medios nacionales, permitiendo únicamente contenidos turísticos, culturales o deportivos, y restringiendo la comercialización de espacios digitales con esos fines.
Además, se restituye el derecho de las audiencias a distinguir entre información y opinión, permitiendo la presentación de quejas ante contenidos falsos o manipulados, mediante mecanismos ciudadanos similares a los de la PROFECO.
Finalmente, se establece que la asignación de concesiones se realizará por periodos prolongados, pero su validación dependerá de un organismo colegiado con participación ciudadana, designado por el Senado de la República, garantizando pluralidad e independencia en la toma de decisiones.
“Con esta iniciativa se avanza hacia una verdadera democratización de la comunicación y del acceso a internet. Se trata de una reforma que fortalece la soberanía informativa, respeta la diversidad cultural y garantiza derechos para todas y todos. En ningún momento se trata de limitar la libertad de expresión, como erróneamente lo han difundido algunos grupos políticos; al contrario, buscamos ampliar los derechos de quienes históricamente han sido silenciados”, puntualizó el diputado Ulises Mejía Haro.
