Zacatecas.– Atendiendo lo previsto en el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este día se realizó la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, a fin de que dé cuenta al pueblo zacatecano, a través de los legisladores, el motivo de su negativa para atender la recomendación 03/2017 emitida por el organismo defensor de los derechos humanos, por el caso Salaverna.
Por un espacio de 30 minutos, la secretaria de Gobierno hizo una exposición del porqué de su negativa a aceptar la recomendación. Posteriormente se hizo una ronda única de preguntas de parte de los diputados. Enseguida la compareciente contestó los cuestionamientos, y los legisladores tuvieron la posibilidad de réplica.
Exposición de la secretaria general de Gobierno del Estado
Expresó que acudió a comparecer ante esta asamblea convencida de que el gobierno del Estado es respetuoso y se asume como el principal garante de los derechos humanos.
Dijo que se ha informado con responsabilidad a los habitantes de Salaverna que sus pertenencias y su propia vida están en riesgo por una falla geológica. Recordó que el gobierno aceptó de manera parcial las recomendaciones, a través de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo la Secretaría a su cargo no aceptó la recomendación, porque si bien hay coincidencias en algunas observaciones, hay diferencias en puntos claves que no fueron considerados con rigor técnico.
El documento de no aceptación, según informó, tiene 31 fojas útiles y 12 anexos de documentos probatorios.
Entre los puntos más relevantes de la negativa destacó lo siguiente:
Respecto a la recomendación para indemnizar a algunas de las víctimas mencionadas, la funcionaria dijo que no hay muestra de que hayan sido afectadas en sus derechos, ya que incluso esas personas siguen viviendo en sus respectivos domicilios.
Otra recomendación es darle atención sicológica a las víctimas de desplazo forzoso, pero eso no se puede dar porque jamás existió dicho desplazamiento de personas, tan es así que aquellos que fueron notificados continúan viviendo en los sitios señalados.
Agregó que ya existen cuatro estudios científicos medibles y comprobables que advierten de los riesgos.
Recordó que el seis de diciembre de 2012 se dio un hundimiento que afectó diversas viviendas, lo que apresuró la necesidad de trasladar habitantes al nuevo Salaverna. El riesgo es latente, y el hacer otro estudio, no deja de lado que hay peligro inminente.
Para concluir, extendió su palabra para garantizar que priorizará siempre el diálogo y refrendó su compromiso con el respeto y protección con los derechos humanos de los zacatecanos.
Participaciones de los diputados
Guadalupe González Martínez
Se refirió a la instalación de la Comisión para la atención de los feminicidios. No obstante con la ola de violencia que azota la entidad, el número de feminicidios ha incrementado notablemente. Recordó que en noviembre del año pasado cinco mujeres fueron asesinadas, en diciembre otras cinco, en enero dos, y en marzo tres. El más reciente fue el acontecido ayer en el centro de la ciudad capital. Preguntó qué medidas y acciones están implementando para prevenir y disminuir la cifra de feminicidios.
Gustavo Uribe Góngora
Preguntó si de acuerdo a los archivos que obran en la Secretaría de Gobierno y en la Dirección de Protección Civil, existen documentos donde se demuestre el hundimiento del suelo, la estabilidad del mismo y los peligros inminentes a quien siga habitando ese lugar.
Lorena Oropeza Muñoz
El tema Salaverna preocupa a todos, expresó. Se refirió a la recomendación séptima, en donde se señala que debe revisarse a los funcionarios implicados en el acto de presunto desalojo. Reconoció en la funcionaria que siempre ha sido defensora de los derechos humanos, sin embargo no está del todo clara la participación de los funcionarios implicados. Preguntó si se trata de desaparecer evidencia o se trata de ocultar nombres de los funcionarios que participaron. Insistió en que se debe castigar si existe alguna irregularidad de los servidores públicos por haber intentado alterar documentos oficiales. Lo principal es salvaguardar los derechos de los habitantes de Salaverna.
Le Roy Barragán Ocampo
Este tema, dijo, es añejo. Ha habido algunos hundimientos de consideración, según dicen los propios habitantes, quienes además no fueron desplazados aunque si cercados, afirmó. Preguntó a la secretaria si para este operativo era necesario acompañarse de policías ministeriales y por qué razones.
Luis Medina Lizalde
El legislador dijo que lo que está en juego va más allá de Salaverna y de quién gane. Por primera vez hay una resolución donde la CEDH se toma enserio su papel y ejerce su autonomía. El asunto ahora es saber si hubo violación o no de los derechos humanos. Está constatado que la policía bloqueó los accesos e impedía el libre tránsito, además no está acreditada la autoría de los dictámenes tan favorables a los intereses de la minera. Señaló que esa falta de credibilidad es lo que genera este conflicto, porque los pobladores tampoco son suicidas y no se debe poner en entredicho una causa justa.
Isaura Cruz de Lira
Es preocupante que no haya transparencia en el manejo de la información. Como parte del anexo del Plan Estatal de Desarrollo siguen pendientes los avances en el tema de Salaverna. Cuestionó qué resultados ha tenido la población, y cuáles serán las acciones para beneficiar a los habitantes de Salaverna y que tengan así mayor tranquilidad.
Guadalupe Flores Escobedo
Dio la bienvenida a la secretaria y dijo que este ejercicio demuestra que ambos poderes buscan dar claridad al tema. Es esencial conocer la información de esta comparecencia. Hizo un llamado al diálogo y a la reconciliación. Su inquietud es saber si hubo daños o agresiones físicas a los habitantes de Salaverna. Pidió estructurar una solución adecuada a este conflicto.
Arturo López de Lara
En su oportunidad dijo que este es un tema inaudito. Es la primera ocasión que se rechaza una recomendación, por lo que se requiere de reflexión.
Desde el 2012 el gobierno tiene conocimiento de este problema, preguntó ¿por qué el Estado ha sido omiso? Es evidente que hubo algunas violaciones, porque algunas recomendaciones se han aceptado. Solicitó saber ¿cuántas familias fueron afectadas? y ¿con cuántas se ha solventado el tema? Además de conocer ¿cuál es la situación actual?
Si no se acepta la recomendación es porque está viciada de origen, lo que significarían omisiones de la CEDH y eso sería muy grave, preguntó si está mintiendo la Comisión o si está haciendo un mal procedimiento. Insistió en saber de la compareciente, cuál es la esencia de la negativa a la recomendación.
Julia Olguín Serna
Concretamente preguntó si hay alguna reconsideración para aceptar alguna de las ocho recomendaciones de la CEDH.
Geovanna Bañuelos de la Torre
El conflicto Salaverna tiene diez años. Es delicado que se esté intentado tergiversar el debido proceso. Esta legislatura no tiene competencia para resolver esta situación, pero el tema es saber si se violaron o no los derechos humanos. Cuestionó a la secretaria si a su criterio no se violentaron los derechos humanos a pesar de que se les notifica y desaloja un mismo día, cuando se les impide el libre tránsito, y cuando no se muestra la orden de un juez competente. Preguntó por qué se destruyó la vivienda, la iglesia y la escuela, y la razón de llegar con máquinas bulldozers si sólo tenían la intención de notificarles.
Osvaldo Ávila Tiscareño
Este tema es trascendental. Requiere la reflexión, y no se puede olvidar que la responsabilidad de esta legislatura es atender a la gente y sus problemas. El conflicto se ha mediatizado de más y se pretende sacar de contexto el asunto central. Su pregunta fue qué acciones se deben implementar y cómo puede coadyuvar el Legislativo para resolver de fondo el tema. Preguntó si la iglesia y la escuela estaban en uso.
Patricia Mayela Hernández Vaca
La legisladora externó su duda respecto a si se demolieron las casas de las familias de Salaverna, cómo se lograrán acuerdos para salvaguardar sus derechos humanos.
María Elena Ortega Cortés
Reiteró su compromiso con los habitantes de Salaverna. Es importante que exista la CEDH porque la sociedad zacatecana en su inmensa mayoría no conoce sus derechos humanos. Poblaciones tan altamente vulnerables no deben convertirse en un botín electoral, político o económico. En el centro del problema debe centrarse a la persona en todo momento. Preguntó cuál será el trabajo de corresponsabilidad de la empresa minera para la reconstrucción de la comunidad y retribuirles el derecho al agua que esa empresa les ha quitado. ¿En qué momento va a parar la explotación de la mina con explosivos? ¿Cuáles serán las medidas de protección a la población que vive donde existen minas bajo la explotación de empresas internacionales?, ya que Salaverna es solo uno de muchos casos. Esas fueron algunas de sus interrogantes.
Jorge Torres Mercado
El diputado cuestionó si se le está dando la seriedad que merece a un dictamen del Centro Nacional de Prevención de Desastres, porque la omisión podría causar la pérdida de las vidas humanas. La protección civil lo primero que requiere es salvaguardar la vida humana, subrayó.
Santiago Domínguez Luna
La corrupción ha generado que la ciudadanía no crea al gobierno aún teniendo documentos oficiales. En Chalchihuites hace dos años demolieron prácticamente toda una comunidad, y a la fecha los afectados no han sido atendidos. En diciembre, en Salaverna se iban a demoler casas, pero solo se hizo con una, lo que dejó clara la intención del gobierno de desplazar. Afirmó que sí hubo violaciones y son atendibles, por ello se debe privilegiar el diálogo con la comunidad para encontrar la mejor alternativa. Es irónico que se desaloje a los pobladores y con esa falla se permita siga trabajando la mina con el riesgo que representaría a los trabajadores por ese posible hundimiento.
Carolina Dávila Ramírez
Pidió se clarifique quien ordenó la notificación de evacuación y con qué tiempo se hizo, y si se les entregó el dictamen de riesgo a los pobladores.
Guadalupe Adabache Reyes
Zacatecas ha tenido una historia interminable de despojos. Ahora la comunidad de Salaverna ha padecido la violación de los derechos humanos, expresó. Cuestionó a quién se debe creer, ¿a la CEDH y a los habitantes? o a un gobierno que se ha dedicado a velar por los intereses de los que tienen más a costa del pueblo zacatecano? Hubo un claro abuso de autoridad. El gobierno estatal no ha podido acreditar con pruebas su versión de la historia. Preguntó si se cumplió con el objetivo del operativo, y ¿qué uso se le daría a la comunidad en caso de que sea desalojada por completo?
Isadora Santiváñez Ríos
Agradeció la exposición de la secretaria. Preocupa el bienestar y la integridad física de la persona humana. Pidió se garantice que no hubo violación a los derechos humanos y la integridad de los habitantes. Su cuestionamiento fue ¿por qué se demolieron la iglesia y la escuela? Y si había autorización de la Secretaría de Educación y de las autoridades eclesiásticas.
Iris Aguirre Borrego
“La comunidad de Salaverna ha sido olvidada por décadas y ahora los habitantes son un estorbo para el gobierno para favorecer a empresas privadas”, declaró al inicio de su participación. Dijo a la secretaria que su obligación hacia los zacatecanos es vigilar por su bienestar y por sus derechos. Preguntó si la secretaria privilegia a empresas mineras a costa de afectar poblaciones zacatecanas.
Guadalupe Nallei Román Lira
La diputada se concretó a preguntar ¿por qué hasta ahora se atendió el problema?
Omar Carrera Pérez
Dijo que no se han cumplido a cabalidad las líneas de trabajo de la Secretaría. Preguntó si existe política interna y si saben para qué es y para qué sirve. Aseguró que hay irritación, enojo e inconformidad, además de la politización de muchos de los conflictos. Los zacatecanos no requieren de buenas voluntades. Lo que exigen son soluciones reales y comprometidas. Los problemas que hoy tiene la sociedad no son hechos aislados. Preguntó también cómo se va a garantizar la seguridad de los estudiantes de la UAZ con quiénes recientemente se reunió la secretaria Fabiola Torres.
Poco se ha avanzado en lo de Salaverna. Pareciera que los derechos humanos están por debajo de los intereses políticos y económicos. No solo se vulneran los derechos, sino que se pisotea el Estado de Derecho. También requirió información respecto a la situación en que se hace la entrega de concesiones del transporte público.
Carlos Peña Badillo
El diputado preguntó si se privilegió la vida y la propiedad de quienes habitan en Salaverna. Además cuestionó si la aplicación de la ley se dio con el uso de la fuerza pública y qué elementos se tienen para demostrar que gobierno privilegió el Estado de Derecho para así rechazar la recomendación.
