Zacatecas, Zac.- Derivado del trabajo coordinado entre las instituciones policiales y de seguridad de los distintos órdenes, el Gobierno de Zacatecas en las últimas horas ha dado golpes certeros a la delincuencia, con la realización de detenciones importantes de presuntos delincuentes, quienes serán imputados por su probable participación en privaciones ilegales de la libertad, robos y otras acciones violentas ocurridas en la entidad.
El Procurador de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, informó en conferencia de prensa este lunes 22 de enero que, gracias a la coordinación de las corporaciones de seguridad, quienes han actuado de manera inmediata y eficiente, el fin de semana se logró con éxito la liberación de una persona secuestrada el 12 de enero, así como la detención de los probables responsables del delito.
De igual manera, se detuvo a los presuntos culpables del asesinato de una persona en un taller mecánico ubicado en la zona industrial de Guadalupe, la semana pasada; asimismo, se detuvo a los presuntos ladrones de un usuario del banco Bancomer.
En el primero de los casos, el Procurador relató que el 12 de enero fue privado de su libertad un empresario dedicado a la renta de maquinaria para la construcción, a cuyo negocio arribaron dos masculinos cubiertos del rostro y armados, quienes obligaron a la víctima a subirse a una camioneta blanca y lo retuvieron en cautiverio.
Ese día, informó, de manera inmediata, personal de la Unidad Especializada Contra el Secuestro de Zacatecas se puso en contacto con la familia y se les brindó el asesor especializado para la negociación de secuestros. Misma fecha en que se comenzaron a recibir llamadas de los plagiarios quienes exigieron que se retirara de la misma al Gobierno.
Así, el día 13 de enero, la familia recibió la primera llamada en la que exigieron la cantidad de 8 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima, con lo que inició la negociación y la puesta en marcha de los protocolos de investigación y atención al secuestro.
En fecha 14, del mes y año en curso, la familia decidió solicitar un asesor de la Policía Federal y pidió que se retirara el asesor de la PGJE; no obstante, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro continúo con las labores de investigación y conoció que en un bien inmueble, ubicado en Trancoso, se observaba el ingreso de masculinos con el rostro cubierto y empuñando armas de fuego, por lo que se implementó un operativo de vigilancia y operación de dicha propiedad.
Investigadores de la Unidad se dieron cuenta que el inmueble era utilizado como casa de seguridad para la realización de actividades ilícitas, lo cual se corroboró con la información obtenida de manera lícita, tras la intervención tecnológica y el uso de drones.
El Procurador detalló que, al considerar que estaba en riesgo la vida de la víctima, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro del Estado tomó la decisión de ingresar al inmueble y se encontró a una persona que tenía los ojos cubiertos con cinta, atado de manos y privado de su libertad.
Se corroboró el estado de salud de la víctima y se determinó que se trataba del empresario privado de su libertad el 12 de enero.
Asimismo, se procedió a la detención de las personas que estaban en el lugar por su probable participación en el secuestro de la víctima ya rescatada, y se encontró que se trataba de cinco policías preventivos del municipio de Trancoso.
Todos, elementos activos y en servicio de la Policía Municipal, a quienes se les retiraron sus armas de cargo. Adicionalmente se aseguró una patrulla, un arma distinta a la de la licencia oficial, una pipa, un teléfono celular, una bolsa de mariguana, entre otros objetos.
Murillo Ruiseco señaló que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro señala, en su artículo 10, que las penas a que se refiere, se agravarán de 50 a 100 años si la privación de la libertad ocurre bajo la acción de actores que sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración, administración de justicia o las fuerzas armadas mexicanas.
La segunda acción en contra de la delincuencia por parte de las autoridades estatales, se refiere al jueves 18 enero de 2018, cuando en un taller mecánico de la zona industrial de Guadalupe-Zacatecas una persona fue privada de la vida, cuyos presuntos agresores, Felipe N de 25 años y Manuel de Jesús N de 34 años, huyeron en un vehículo blanco marca Honda, mismos que fueron detenidos posteriormente en la colonia Periodistas y se les encontró armas de fuego.
Derivado del comparativo balístico, la Procuraduría encontró que las armas tienen relación en siete carpetas de investigación por homicidio, relacionado con otras muertes violentas y ya hay diversas órdenes de aprehensión al respecto. La audiencia de vinculación a proceso de esas personas será el martes 23 de enero a las 11 de la mañana.
Un tercer golpe a la delincuencia se dio el viernes 19 de enero, cuando a las 13 horas una víctima salió del banco Bancomer en Tahona y en ese momento fue abordado por dos sujetos que le dispararon en la pierna izquierda, le despojaron de su dinero y se dieron a la fuga.
Sin embargo, derivado de un operativo de las corporaciones Policiacas, se logró ubicar a los presuntos responsables y, tras una persecución, se detuvo a José Ángel N de 26 años y Raúl Ernesto N de 23 años, ambos originarios de Ciudad Juárez. Su audiencia de control fue hoy lunes y se decretó legal su detención, su vinculación a proceso será el miércoles a las nueve de la mañana.
Una acción más fue también el 19 de enero, cuando derivado de la acción operativa de las instituciones de seguridad, a las 15 horas en la comunidad de la Zacatecana fueron detenidos tres masculinos y una femenina que viajaban en un vehículo negro, toda vez que los sujetos le cerraron el paso a una posible víctima, la cual circulaba en un vehículo verde, quien logró evitarlos y se resguardó.
Los ahora imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva de Guadalupe y la Policía Estatal, ya que su marcha se vio interrumpida cuando chocaron en un árbol.
Se trata de Jesús Manuel N de 39 años; Carlos Javier N de 30 años; Sandra N de 23 años y un masculino menor de edad de 16 años. Las audiencias para esos sujetos están pendientes de realizarse.
El Procurador destacó los avances logrados gracias al trabajo coordinado de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y, además, consideró preciso establecer que los principios constitucionales de la función de la actuación policial dejan claro que no todos los policías son malos, sino que, por el contrario, se debe reconocer y dar honor a quien honor merece.
«Los principios de la función policial están consagrados en el artículo 21 de la Constitución Mexicana y son legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos».
Finalmente, señaló que los pormenores de los hechos informados se dieron a conocer hasta este lunes, en respeto a las garantías y el debido proceso que tienen los imputados y ante ello la PGJE debe ser garante de esas circunstancias.
