Zacatecasa, Zac.– Como legisladora local, he estado atenta a las distintas problemáticas de nuestro estado, especialmente mirando por el desarrollo integral de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. Una de las dificultades que he encontrado, y me parece altamente sensible, es la que se refiere al abuso sexual; práctica que poco a poco ha tomado mayor visibilidad y que afecta a las mujeres de la sierra de Valparaíso, con mayor preocupación la que sufren las niñas tepehuanas, afirmo la diputada local Iris Aguirre. 

Hace unos días, en mi perfil institucional de Facebook, hice mención a la entrega de material para el reforzamiento de protección de la propiedad y de la seguridad individual en las casas de la comunidad tepehuana del municipio de Valparaíso, dicho material fue solicitado el pasado 9 Octubre 2017.

Para mi es fundamental destinar este recurso económico, gestiones o bien material, que permita coadyuvar en las condiciones de seguridad de la comunidad tepehuana, especialmente la que toca a las niñas, adolescentes y mujeres.

Las denuncias por abuso sexual a la que hacía mención en Facebook ya fueron hechas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Por la colindancia y la cercanía de los estados Zacatecas y Durango las denuncias fueron interpuestas por los familiares en los centros de procuración de justicia del estado de Durango. Con satisfacción les comunico que gracias a que se levantaron estas denuncias de forma oportuna se logró apresar a tres hombres, uno de los cuales fue sorprendido intentando llevarse a una menor, y se procedió a su detención en el acto. Derivado de un trabajo eficiente de la autoridad se logró mantener la integridad física de la menor.

Como legisladora local seguiré dando seguimiento a estos graves sucesos, y en medida de lo posible gestionaré todos los recursos y apoyos que la comunidad tepehuana requiera, ya que estas personas viven en un ambiente de vulnerabilidad.

Estoy trabajando en la construcción de leyes que enfaticen en la protección y resguardo de la dignidad humana, sabiendo que la seguridad del estado no solo corresponde a la creación de leyes, sino a la aplicación de las mismas.

Zacatecas, Zac.-  Hartos de la corrupción y el hostigamiento laboral del que han sido objeto y que se ha incrementado de un mes a la fecha, un grupo de trabajadores administrativos y operativos de la ahora Dirección de Policía y de Seguridad Vial (DPSV), al mando de Francisco Oswaldo Caldera Murillo, exigieron al Gobierno del Estado, a través de las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), pare la ola de abusos y presiones por parte de mandos que han hecho de esta dependencia su mina de oro.

Denuncian de inicio -anónimamente y por temor a las represalias-, que el recién nombrado director Oswaldo Caldera, así como Óscar Ricardo Campos Bermúdez, encargado del operativo Alcoholímetro, desconocen en su totalidad el funcionamiento de la corporación en materia vial.

Sin embargo, manifiestan, están ahí para manejar a su antojo a los mandos medios, como Ezequiel García, subdirector operativo y el Lic. Ríos, quienes impunemente tienen a su control la liberación de los vehículos principalmente en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, en contubernio con la empresa de grúas mencionada, con cobros que van de los Siete a los Nueve mil pesos, sin que el usuario acuda hacer el pago directamente en las oficinas. Gran parte de ese dinero, sin transparentarse, va a parar a las arcas de Grúas Escobedo y a los altos mandos de la corporación vial, advierten.

No obstante de que el titular de la SSP habría garantizado que aplicarían Tolerancia Cero en el Alcoholímetro, los mandos medios desatienden la indicación y permiten la inmediata liberación de los carros cobrando cantidades exageradas, desechando las infracciones.

Reseñan que en la sierra del municipio de Tlaltenango, en Mesa de Palmira, donde recientemente se suscitó un conflicto contra ejidatarios y que debió ser atendido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la DPSV mandó a seis elementos que se mantienen permanentemente allá innecesariamente y son relevados cada 24 horas por igual número de tránsitos, sin recursos ni alimentos, pues el dueño de maquinaria utilizada para perforar un pozo “da moches” a mandos de la Dirección.

Alertan trabajadores que no soportan el acoso laboral y las presiones para que renuncien quienes no sirvan a sus intereses y los mantienen prácticamente atados a una oficina, sin dejarlos salir a comer y con constantes amenazas de despedirlos si dicen algo.

“Hace unos días –dijeron- por instrucciones de Ezequiel García se inició una ‘cacería’ en la zona metropolitana contra dueños de autos que adeudan placas y/o refrendo, los que son remitidos bajo extorsión, y asunto arreglado”.

Y aún más, hay un encargado del edificio de las oficinas de Tránsito, que se la pasa vigilando cualquier movimiento de los trabajadores, azuzándolos y amedrentándolos hasta en el momento en que van al baño de manera prepotente, acusan.

En su denuncia, los trabajadores administrativos y operativos afirman que luego de los recientes sismos, esta dirección realizó acopio de víveres que nunca fueron enviados a sus destinos y, por el contrario, los convirtieron en despensas para repartirlas en el mercado de abastos a sus allegados, como el Director, el subdirector y sus respectivas secretarias, así como a los mandos medios y sus familias.

Acusaron al Lic. Ríos y Antonio Aguilar, quienes están en contubernio porque ellos controlan las liberaciones de los autos por el Alcoholímetro, donde ya no hay presencia de Derechos Humanos, Función Pública, Protección Civil, Policía Estatal, Metropol ni Médicos; “manejan todos los hechos de tránsito a su conveniencia”, argumentan.

Finalmente, aseguran que las patrullas 2776 y 2166, son las encargadas de “vigilar y operar” en Zacatecas y la zona conurbada para beneficio de la corrupción alimentada y permitida por el director Francisco Oswaldo Caldera Murillo y sus compinches, recogiendo los diezmos para llevárselos a sus patrones, pero nunca se dedican a una real vigilancia de hechos de tránsito ni accidentes y sirven sólo como emisarios de la impunidad y la corrupción.

Guadalupe, Zac.- Una camioneta fue embestida y arrastrada por varios metros sobre la carretera Zacatecas, Aguascalientes, casi frente a Bonito Pueblo al filo de las 12 horas con 55 minutos.

Al interior de la camioneta viajan tres adultos y un joven de 20 años de edad el cual resultó con lesiones menores pero fue trasladado a una revisión médica para evitar alguna contingencia.

Autoridades de la policía federal de caminos señalan que fue un choque por alcance, teniendo la responsabilidad el conductor de la pesada unidad el cual habría salido de Aguascalientes y tendría como destino Guadalajara.

Al arribo de la aseguradora del tráiler y posterior de llegar a un arreglo la pesada unidad continuo con su destino ya que los daños que sufrió este, no fueron de bastante consideración.

Zacatecas.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la contratación de 9 Prestadores de Servicios Eventuales para Proceso Electoral 2017-2018, en diversas áreas de la autoridad administrativa electoral local.

El personal contratado cumple con el perfil, requisitos de escolaridad, experiencia y competencias necesarias para el desempeño del cargo de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Cargos y Puestos de prestadores de servicios para el Proceso Electoral 2017-2018, aprobado por este Consejo General.

Además, los Prestadores de Servicios Eventuales, contratados para Proceso Electoral 2017-2018 en las diversas áreas de la autoridad administrativa electoral local, deberán cumplir las funciones establecidas en la legislación electoral y observar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Toda vez que no se pueden contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, se elaborará un primer contrato de prestación de servicios a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del año en curso, y de existir el techo presupuestal del ejercicio fiscal de 2018, la Comisión del Servicio Profesional aprobará la continuidad de éste personal hasta la fecha determinada en la plantilla aprobada por este Consejo General.